El peso del componente inmobiliario y financiero de las recientes crisis en el mundo y su impacto en las condiciones de vida de millones de personas ha generado un escenario de reclamo tanto al derecho a la vivienda como al más amplio derecho a la ciudad.
La propiedad inmobiliaria y los usos del suelo se han visto envueltos en frecuentes procesos de especulación que desplazan el medio rural y expulsan a los sectores populares, de las zonas más prósperas de las ciudades. Nos encontramos frente a una realidad urbana extremadamente contradictoria en el mundo entero, que se nutre de dinámicas públicas y privadas, que se instalan en polos opuestos y producen discursos y acciones ambivalentes, pero que en todos los casos comienzan a ser irreconciliables con la dinámica social de las mayorías, tal y como lo percibimos en Brasil, donde el mayor evento deportivo del mundo ha sacado a relucir el resultado perverso de la fría competitividad de los mercados.
Lejos de resolver los problemas planteados en materia de vivienda, espacio público y movilidad, las fórmulas neoliberales los han agravado, a pesar del discurso oficial que coloca a las ciudades como la panacea de la solución al desarrollo. Múltiples son los ejemplos que podríamos encontrar, y larga la lista de los efectos negativos, que la visión urbana ha producido, al generar un nuevo esquema de vida periurbana, donde la segregación social del espacio nunca había sido tan alarmante.
Crecen las desigualdades de ingreso y de acceso real a la oferta urbana; hoy en Querétaro, existe un rango muy amplio de trabajadores que, aun siendo derechohabientes de los sistemas de financiamiento de la vivienda, no tienen acceso al espacio de vida primario para su familia, porque el suelo ha aumentado artificial y exponencialmente su valor, amén de que el sector público no ha implementado acciones concretas desde la década de 1990, y al sector privado no le resulta suficientemente atractivo, realizar la inversión para satisfacer la demanda.
Los recortes materiales de derechos como el acceso a la vivienda, al transporte público, o a la recreación, han confortado una reconfiguración decisiva del espacio público y de las condiciones de acceso al mismo, así como intensos procesos de especulación y de segregación espacial. Estos procesos han tenido un impacto social negativo y considerable; desde hace muchos años, los gobiernos panistas, dejaron de construir mercados, alamedas, jardines, escuelas y un sinfín de obras de infraestructura pública, que se han sustituido por infraestructura privada, como grandes plazas comerciales y fraccionamiento cerrados, que en una dinámica perversa han sustituido, pero sobre todo, han mercantilizado el espacio público, su acceso y uso, muchas veces a través de la cultura del miedo.
El desmantelamiento de las políticas sociales en las ciudades y la pérdida de la rectoría del desarrollo urbano, también ha favorecido el aumento de la delincuencia y de los conflictos urbanos. Los colectivos más vulnerables terminan por asentarse en las periferias de la ciudad, que se convierten en guetos a los que ni la policía se anima a acceder, y a los que condenamos a miles de personas a vivir sin identidad ciudadana, pero sobre todo sin el desarrollo pregonado por albiazules y colorados.
La competitividad también tiene un lado oscuro que poco reflexionamos, porque implica quebrar a los competidores para apropiarse de su mercado, pero desde luego sin hacerse cargo de sus trabajadores.
Querétaro es la ciudad más competitiva, pero en poco tiempo será también la que más desempleo y migración sufra por el impacto de la propia competitividad. La pregunta es ¿están nuestros gobernantes y políticos, preparados para hacerle frente al día después de mañana?
Abogado, consultor jurídico de empresas
