A contracorriente de lo que sucede en muchas de los países que se adscriben a la denominada “democracia occidental” y, en congruencia, con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido y suscrito por el gobierno mexicano en la Conferencia de Marrakech, en días recientes presentamos los principios y ejes rectores que regirán la nueva política migratoria en México.

Se parte de crear un nuevo paradigma fundado en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, asumiendo que la movilidad humana es un derecho que puede ejercerse de manera regular, ordenada y segura, cumpliendo —al igual que todos los mexicanos—, con las disposiciones legales vigentes en nuestro país. Incorpora a todas las entidades de la administración pública federal y a los tres órdenes de gobierno.

Reconoce que México es una nación transterritorial, donde la población no se circunscribe a quienes residen en el territorio nacional.

Rescata los valores fundamentales de la política exterior establecidos en la Constitución: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la relación bilateral y respetuosa entre los gobiernos, y la cooperación internacional.

Asume que, para resolver el problema de la migración forzada, se deben atender las causas que la propician: la pobreza, la violencia y la precariedad institucional de los países de donde provienen.

Sin duda, la implementación de esta política enfrentará problemas y resistencias políticas y culturales. Desde los cambios institucionales para erradicar la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, hasta las expresiones xenófobas y discriminatorias.

Habrá que enfrentar y superar los prejuicios que pretenden calificar a los migrantes como delincuentes, cuando, al igual que los mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos, buscan una alternativa de vida, explicando que el desplazamiento forzado y el refugio son fenómenos regionales que requieren soluciones concertadas y efectivas para superar los problemas de pobreza y violencia, similares a los que se viven en distintas regiones de México.

Afortunadamente, pese al activismo de quienes alientan las campañas racistas, la sociedad nacional mantiene en alto sus valores solidarios y favorables al refugio y a la acogida humanitaria. Seis de cada 10 niñas y niños consideran que las personas que vienen de Centroamérica son trabajadores y buscan una vida mejor. Una lección que deberían de atender muchos adultos.