El derecho a internet
Aún no terminamos de procesar los cambios tan vertiginosos que nuestra sociedad experimenta. Las comunicaciones, la tecnología y la ciencia en su conjunto recorren nuestro tiempo a pasos agigantados.
Los derechos humanos son producto de la evolución histórica de la sociedad. Pero los derechos encuentran en el tiempo un paradigma, un antes y un después. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Siglo XVIII marcó un hito, conjuntamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Son los derechos de primera generación.
En este episodio se disgregaron las más extensas manifestaciones de defensa a la vida, la libertad, seguridad jurídica, la nacionalidad, la igualdad, manifestación de ideas, pensamiento, la abolición de la esclavitud, etcétera; todo ello como cosecha del momento social que se vivía.
Otro momento particular de la historia puso en relieve a los derechos de segunda generación aludiendo a la seguridad social, el derecho al trabajo, el sindicalismo, la salud física y mental, la maternidad, la educación, entre otros; sin duda nuestra Constitución fue pionera mundial en 1917.
Por otra parte, la internacionalización humana y la conciencia sobre factores indispensables para el desarrollo personal y social se tradujeron en los derechos de tercera generación: la paz, medio ambiente sano, solución de los problemas alimenticios y demográficos, el patrimonio común de la humanidad y el uso de los avances en ciencia y las tecnologías.
Según cifras de la OCDE, los países que han invertido seriamente en la conectividad social a internet han elevado su producto interno bruto entre un 2.7 y un 3.7%. En México hay estados que han hecho lo propio en la materia, no obstante, sus constituciones locales o particulares contienen enunciados que otorgan dicha prerrogativa ciudadana pero no cuentan con una ley que garantice su cristalización.
Por ejemplo, en Colima el Congreso estatal estableció: “es derecho de los colimenses acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política de Estado, para lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo”.
Otro referente es el estado de Morelos, el cual cita que: “es derecho de todos los morelenses acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política prioritaria del estado, a fin de lograr una comunidad integrada y comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda tener acceso libre y universal al internet como un derecho fundamental para su pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, que permita un claro impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites gubernamentales”.
En este orden de ideas, la consagración de este derecho ha sido llevada a la máxima jerarquía legal de esos estados. Sin embargo es sustantivo transitar a una ley que garantice la implementación de este derecho. Querétaro no se puede quedar atrás.
Como legislador me he propuesto llevar al Congreso, en conjunción con mis compañeros, una iniciativa que incorpore este derecho a nuestra constitucionalidad, pero, que se complemente en términos prácticos con una ley que garantice el acceso público a internet. La misma ONU ha puntualizado que se trata de un derecho humano.
Habremos de imprimirle gradualidad y secuencialidad a fin de que el Estado y los gobiernos municipales provean en los principales puntos de reunión social de esta herramienta que no sólo nos acerca más a la información y al conocimiento, sino que incrementa nuestro flujo económico y el ahorro de quienes tienen que pagar por acceso a la red.
Al mismo tiempo, no escapa a nuestra vista que existen latitudes nacionales y estatales que tienen prioridades y que son parte de su marginación y pobreza social; pero la atención social que hoy ocupa a los respectivos gobiernos en tan elevados retos no excluye que innovemos en terrenos fértiles que, en el mediano plazo, habrán de darnos progreso.
