El derecho al agua y la no discriminación

Lídice Rincón Gallardo

Para Mario Luna y todos quienes

nos recuerdan el valor de una

gota de agua potable.

Hay rutinas diarias que nos hacen pensar que existe un nivel homogéneo de vida digna y con calidad al que todas y todos pueden acceder. Actos nimios y cotidianos como abrir el refrigerador para sacar comida, tomar el transporte público para acceder a nuestro lugar de trabajo o girar el grifo de la regadera para darnos un baño ocultan que éstos son producto de una infraestructura que beneficia de manera diferenciada a las personas, de acuerdo con su posición en la escala social. Mientras que el baño diario es una rutina para muchas personas en las zonas urbanas con desarrollo equiparable al primer mundo, en el caso de otras es un lujo al que sólo se puede acceder una vez por semana. Lo mismo ocurre con el agua potable. En algunas geografías basta con abrir la llave del agua para obtener un vaso del líquido, mientras que en otros espacios las personas tienen que comprar cubetas de agua insalubre o entrar en disputas con habitantes de comunidades vecinas para obtener el agua suficiente para sus cultivos. El agua, como puede verse, no es un bien de acceso universal y, al contrario, se trata de un recurso escaso cuya carencia afecta la salud y el bienestar de las personas. Por algo se dice que la tercera guerra mundial podría ser la que enfrentará a las personas por el acceso al agua.

Por lo anterior, el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidad reconoció de manera explícita como uno de los derechos fundamentales el que se refiere al acceso al agua, tanto la que es para consumo humano como la que se destina a actividades como las agrícolas y las de higiene corporal. Así como la existencia de pobreza extrema y hambruna nos han hecho reconocer que existe un derecho humano a la alimentación que los Estados están obligados a garantizar bajo toda circunstancia, la persistencia de personas que no cuentan con drenaje ni agua potable nos ha llevado a visibilizar el derecho al agua. Quienes no acceden plenamente a este derecho a causa de las posiciones de desventaja social y la discriminación enfrentan, de manera consecuente, insalubridad, enfermedades o la cancelación del bienestar que se asocia a los beneficios que el agua procura.

Pensemos que son las personas indígenas, migrantes o quienes habitan zonas de extrema pobreza quienes carecen del agua y ven afectada de manera general su calidad de vida. La sed y la pobreza son frecuentemente términos asociados, así como la enfermedad y la existencia de condiciones insalubres para el acceso al líquido se relacionan de manera trágica. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido los lineamientos para el acceso sin discriminación al derecho al agua: el abastecimiento de este líquido debe ser suficiente y continuo para consumo personal y el uso doméstico; éste debe ser saludable, es decir, estar libre de microorganismos, sustancias químicas o contaminación por radiación que pueden afectar la salud; además de que los servicios de agua y saneamiento deben ser culturalmente apropiados, sensibles al género, armónicos con la conservación del medio ambiente y respetuosos de los usos y costumbres locales que son compatibles con el resto de los derechos humanos. Así, es discriminatorio cobrar más caros los servicios de agua a quienes viven en comunidades indígenas o realizar obras de infraestructura que atentan contra el medio ambiente o los espacios tradicionales de las comunidades; también resulta contrario a los derechos humanos no establecer protecciones, por ejemplo, bajo la forma de descuentos o subsidios a personas particularmente vulnerables en el ciclo de la economía familiar (como las madres solteras, las personas con discapacidad o las adultas mayores).

Por eso es que la noticia de la defensa que en este momento está realizando la tribu yaqui en el estado de Sonora de su derecho al agua, y el encarcelamiento del líder comunitario Mario Luna en un proceso que ha sido cuestionado por su falta de certeza jurídica, nos resultan profundamente dolorosos. Los hombres y mujeres yaquis que luchan por algo que la mayoría de nosotros damos por sentado –no tener que pagar precios exorbitantes por el agua o no enfermar a causa del consumo de este líquido en condiciones insalubres– nos recuerdan que vivimos en un México desigual, discriminatorio e injusto. No podemos sino expresarles toda nuestra solidaridad y esperar que su lucha por el derecho al agua no caiga en el olvido o motive la indiferencia por parte de las autoridades.

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