Para avanzar hacia una Gestión Pública Justa y Equitativa #GPJE es necesario analizar quiénes son las personas que la implementan: el personal del sector público. Este personal es a menudo vejado por situaciones que juegan en su contra y, por ende, en contra del funcionamiento del sistema y del interés público, como: inestabilidad laboral, alta incertidumbre, escasas oportunidades de formación, salarios y condiciones laborales desfavorables en comparación al sector privado.
Las respuestas personales y colectivas a estas desventajas crean sistemas organizativos irregulares y complejos, que favorecen el despilfarro de los recursos públicos por impericia, negligencia y corrupción. Hace pocos días una alta funcionaria pública de un país latinoamericano me dijo: “en muchos casos, no podemos pretender que los empleados trabajen las 8 horas por el salario que reciben: ¡hundiríamos en la pobreza a sus familias!, toca ser flexibles con ellos (…) tienen otro trabajo o quizás tengan dos más: a veces podrán trabajar en el puesto tres o cuatro horas por día…” La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos —antes el sueldo era suficiente para vivir de manera decente, ahora ya no— convierte al empleo en una suerte de subsidio familiar (las 8 horas son nominales, en realidad es un trabajo a tiempo parcial).
Es así que en ciertos casos el servicio que se presta al público es de baja calidad, por lo que la ciudadanía se desespera y tendrá baja consideración por el sector público. Una consecuencia será que se emplea a mucho más personal del teóricamente necesario, quizá de esta manera entre dos o tres cubran el servicio para las 8 horas. Tal vez algún político de turno organice un tráfico de influencias para otorgar esta suerte de subsidio de desempleo a parientes, amigos y electores a quienes probablemente le cobre un diezmo del salario; y podemos seguir con más vueltas del círculo vicioso. En muchos países se han descubierto las así llamadas “plazas fantasma”, en otros se describe este sistema como el de los “sacos”: la persona sale cada mañana con tres sacos para dejar colgado uno en cada una de las sillas de los tres escritorios que ocupa en tres diferentes entidades públicas.
El tema de la retribución no es el único aquí, pero es relevante: aún en épocas de austeridad, no se debería escatimar en la retribución justa para el personal público. Cada vez que leo que en un país el ajuste lleva el gobierno de turno a apretarle el cinturón al sector público, pienso automáticamente que en ese país la colectividad va a perder mucho más dinero en impericia, negligencia y corrupción que lo poco que ahorren dejando de pagar tiempo extra, cortando derechos de vacaciones o disminuyendo incentivos económicos. Está ocurriendo ahora mismo, en más de un país de América Latina.
No está demás considerar que son las asimetrías las que tienden a corromper las relaciones público-privadas y, si el personal del sector público lleva desventajas laborales, el contexto será menos propicio para la #GPJE.
Al contrario, para promover una verdadera #GPJE debemos valorizar al sector público, volver la carrera civil independiente de los vaivenes de los ciclos políticos. Es necesario establecer un sistema de incentivos —con compensación salarial, beneficios sociales, beneficios ligados a resultados, formación— con el mismo esquema que tienen los profesionales del sector privado. Ello beneficia a todos: a empleados públicos, al sector privado que encontrará un contexto más justo donde operar, y, sobre todo, a la sociedad entera.
Director Regional de UNOPS para LAC. Contribución a título personal, no compromete a UNOPS ni la ONU
