El control del gobierno

Arnulfo Moya Vargas

Es saludable para Querétaro la realización de la Asamblea de Organismos Fiscalizadores de Latinoamérica y del Caribe. Esperemos que de esta reunión nazcan elementos constitutivos de un nuevo modelo de fiscalización y de control de los actos del gobierno y de su relación con la sociedad. Bienvenida la exposición de ideas y la asunción de compromisos que lleven a la transformación del actual sistema. Todavía a nuestro país le falta dar el paso fundamental de todas las democracias: la rendición de cuentas y transparencia.

Tenemos que reconocer que los mecanismos intra e interórganos de control del gobierno no han servido. En primer lugar, al interior de los poderes Ejecutivos, en el nivel nacional y en las entidades, funciona el sistema de contralorías que, por la supeditación al presidente de la República, a los gobernadores y a los presidentes municipales, se vuelve un sistema ineficiente y con fines políticos sin que cumpla su función de aplicar la amplia legislación y los tratados en la materia fiscalizadora. Las contralorías han demostrado su ineficiencia y la mejor prueba es la documentada cantidad de desvíos de recursos que ocurre cada trienio y sexenio, sin que los jueces procesen a los responsables ante la abulia de las contralorías en todos los niveles de gobierno. Funciona más como un órgano de disciplina de la disidencia política que como un sistema de ejecución de sanciones administrativas. Falta autonomía política a las contralorías por la colonización que han hecho los partidos.

En el caso del Legislativo y el Judicial se observa la insuficiencia de la rama encargada del control de sus propios poderes. Pocos son los diputados o senadores sancionados por los órganos de control interno y esa insuficiencia es trasladable a los encargados del Judicial.

Por el lado de los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo Banxico, INE entre otros, las limitaciones de control y sanción se repiten. Estamos entonces ante el fracaso del sistema de control al interior del sistema de gobierno.

Desde el ámbito del sistema de control interórganos tampoco nuestro modelo en sus vertientes nacional, estatal y municipal ha funcionado. El sistema unipartidista se heredó en el ejercicio de gobierno —sin importar qué partido triunfe— al grado tal que la clásica división de poderes como una esperanza de que representara un control recíproco de unos y de otros se ha perdido. El Legislativo desde siempre ha perdido la capacidad de controlar al Ejecutivo, empezando porque la producción legislativa reglamentaria en su calidad y cantidad es ineficiente.

La versión decimonónica de los ejes de gobierno Ejecutivo-Legislativo-Judicial en control recíproco se ha perdido. Cuando un partido gana en el Ejecutivo y en el Legislativo se vuelve sin sentido la división de poderes, ya que la minoría parlamentaria que debiera hacer las veces de oposición y hacer válida la división de poderes se vuelve ineficaz o termina cooptada por la mayoría. En el caso de Cámara de Diputados no se observa que materialmente sea posible que audite y controle a todas las secretarías y órganos de la administración y entes constitucionales autónomos. Tampoco el juego de mayorías de una coalición partidista permite dicho control. Los presidentes de la República pareciera que gobiernan en un golpe de Estado permanente.

Pareciera que en México nos queda de forma limitada la SCJN como el instrumento de control de los actos de gobierno en última instancia, ante la ausencia del control administrativo y parlamentario, y no es nada despreciable dada la complejidad de la vida nacional. Con los claroscuros que el sistema político y jurídico brinda, los destellos del control judicial del gobierno se vuelven más frecuentes. Todavía falta que los jueces y magistrados asuman una filosofía fiscalizadora de los actos de las administraciones y no que esperen que sea la máxima sede del Poder Judicial quien tome la iniciativa.

Bienvenida la Conferencia de órganos de fiscalización. Esperemos que sea un incentivo para que sean aprobadas y aplicadas el sinnúmero de leyes y reglamentos del Sistema Nacional Anticorrupción que duerme en las agendas de los poderes de nuestro país y de los estados.

De México hasta Argentina, y tal vez con las excepciones de Chile y Costa Rica, nuestros países sufren no sólo de la falta de control sobre el ejercicio del poder público, sino además de la ausencia de control sobre los grandes poderes formales e informales —banca, mafia, corporaciones comerciales, petroleras— que hacen ver a los gobiernos como pequeñas barcas de nuez en medio del mar con la tormenta de corrupción y de crimen que quiebra a las incipientes democracias.

 

Abogado

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