Desde el inicio de la construcción de las granjas Gala en Huimilpan, los ejidatarios realizaron intensas gestiones con el municipio para impedir que se establecieran las granjas en sus comunidades, no sólo por las afectaciones a la salud y por la disminución de su calidad de vida, sino también porque desde su inicio y al día de hoy las granjas no cuentan con permisos de las autoridades correspondientes; iniciaron, empezaron producción y continúan ampliando instalaciones y capacidad de producción ilegalmente.

Los vecinos de la zona han realizado una intensa y respetuosa gestión con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, informándolas y presentando evidencia documental oficial de los ilícitos existentes, de las violaciones a la legislación estatal y federal, de las violaciones a la norma oficial mexicana, a la ley de pueblos indígenas, etcétera, pero las autoridades —de manera inexplicable— continúan sin clausurar definitivamente las granjas.

Entendemos la importancia de la inversión local, apreciamos que existan inversionistas social y ambientalmente responsables, sabemos que la inversión, la producción y la derrama económica es indispensable para el desarrollo de los pueblos, pero no entendemos cómo un inversionista impone ilegal e impunemente a seis comunidades indígenas sus instalaciones avícolas y lo que menos entendemos es que las autoridades se lo permitan.

En las reuniones de los ejidatarios con las autoridades, donde se les presenta evidencia oficial que demuestra claramente los ilícitos, las autoridades parecen no entender la gravedad de la situación y parecen no saber que les corresponde a ellos hacer cumplir la ley sin importar de quién se trate , y es ésta falta de responsabilidad de las autoridades la que está promoviendo que el inversionista continúe ilegalmente expandiéndose y ampliando su capacidad de producción.

Es esta omisión institucional gubernamental la que está ocasionando las manifestaciones y el malestar entre los indígenas.

Aunado a ello, granjas Gala está dividiendo a las comunidades para que los apoyen y les permitan seguir produciendo aunque las granjas sean ilegales, pero a pesar de la falta de empleo local, las granjas no son bienvenidas por lo que granjas Gala les está ofreciendo a los ejidatarios empleo, materiales de construcción, láminas, etcétera.

Se están aprovechando indignamente de las imperiosas necesidades de los ejidatarios para crear conflictos entre ellos, dividir a las comunidades y hacer ver que existen ejidatarios que quieren vivir entre las granjas.

La indignación de los ejidatarios ante estos hechos, la falta de atención a los problemas que se están generando por la omisión del marco legal, es humillante.

Todo apunta al inicio de un conflicto social que seguiremos en detalle.

Ambientalista

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