El complejo camino de la paz

Gabriela Vargas G.

Urge colocar el tema de la protección de los derechos humanos como detonante y no acompañante de la acción gubernamental, y como uno de los obligados ejes de las políticas públicas.

El tema Tlatlaya resurgió nuevamente ante el fallo de un juez federal de distrito que concedió un amparo a Clara Gómez, sobreviviente del cuestionado operativo, y madre de Erika de catorce años, quien perdió la vida en el mismo junto con veintiún personas más.

De este operativo militar —del que aún se cuestiona si hubo ejecuciones extrajudiciales de los presuntos delincuentes— nadie ha sido consignado por falta de pruebas. Clara interpuso un amparo en contra de la PGR y de la Agencia del MP responsable, por considerar que la investigación fue deficiente y que violentaban su derecho a la verdad. El juez consideró procedentes dichos argumentos.

En otro contexto, hace unos días, el Ombudsperson nacional de la CNDH, Luis Raúl González, se pronunció para señalar que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, ya que la impunidad no les ha garantizado acceder a la verdad, a la justicia, y a la reparación a que tienen derecho.

Ambos pronunciamientos concuerdan con la CIDH, al señalar que ninguna medida que se adopte en materia de justicia puede devenir en la ausencia total de investigación de los casos de violaciones de derechos humanos, y que el derecho a la verdad no puede ser coartado con medidas legislativas como la expedición de leyes de amnistía. La Corte Interamericana ha señalado que en esos casos, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole.

Se destaca la obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los DH. Ello constituye una forma de reparación. Más aún, la sociedad tiene derecho a ser informada sobre lo sucedido, pues la garantía del derecho a la verdad de los acontecimientos tiene una dimensión individual y colectiva.

De ahí la importancia de los foros por la pacificación y reconciliación nacional que promovió y recién inició el equipo de López Obrador. Diversos cuestionamientos han surgido respecto al método, los alcances y objetivos. Incluso análisis comparados de procesos de pacificación como el de Colombia se han incorporado para evidenciar las diferencias entre los países. Bienvenidos todos, sin duda, amplían la visión y enriquecen el debate. No se puede minimizar ni despreciar la voluntad política que por primera vez irrumpe para colocar en la agenda gubernamental, como prioritaria, tan titánica y compleja tarea.

Si el mecanismo es una Comisión Nacional de la Verdad que articule esfuerzos para la construcción y preservación de la memoria histórica, que esclarezca hechos, determine responsabilidades para llevar a juicio a perpetradores de violaciones de derechos humanos, y garantice a las víctimas el derecho a la verdad; pues a trabajar todos en dicho proyecto.

La voluntad es el inicio de todo y ha estado ausente en los gobiernos de los últimos años. Urge colocar el tema de la protección de los derechos humanos como detonante y no acompañante de la acción gubernamental, y como uno de los obligados ejes de las políticas públicas.

No sólo la autoridad ha estado ausente, la política no es el único segmento de la multifacética sociedad mexicana aquejada de la insensibilidad moral. Ya lo decía Zygmunt Bauman: “El mal no se limita a la guerra o a las ideologías totalitarias. Se revela con mayor frecuencia en la ausencia de reacción ante el sufrimiento de otro, al negarse a comprender a los demás, en la insensibilidad y en los ojos apartados de una silenciosa mirada ética”.

Quizá, aunque no queramos reconocerlo, esa ceguera moral, la forma invisible de maldad que explora Bauman nos contagió a todos. Esa ceguera quizá nos permita sobrevivir, pero no cambiará nuestra circunstancia y no mejorará nuestra humanidad. La reconciliación no sólo debe ser social, sino con nosotros mismos. En este esfuerzo de renovación moral todos debemos formar parte si es auténtica la aspiración de alcanzar la paz, la cual no debimos dar por sentada.

 

 

 

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