Hay cuatro mitos que hemos fomentado sobre la inseguridad y la delincuencia, tanto en su presencia como en el combate a ambas y  que ahora se perciben con mayor dimensión que en tiempos anteriores.

Cuatro mitos. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que el combate a ambos flagelos depende exclusivamente de los gobiernos municipales, como si éstos fueran las únicas instancias autorizadas para combatir la criminalidad.

A raíz de este mito es que se generan afirmaciones disparatadas, como es el caso de responsabilizar al gobernante municipal o al partido político del que surgió, de ser el culpable de que suba la delincuencia.

Así, se construyen escenarios tan disímbolos como acusar de ineficiente en combatir la delincuencia a una administración municipal que preside un militante del PRI al igual que una que preside un miembro del PRD o de otro partido.

El segundo mito es aquel que se sustenta en la idea de que la inseguridad y la delincuencia se puede combatir y eliminar exclusivamente a través de la contratación de más elementos policiales y con una dotación mejor y más numerosa de implementos de trabajo para éstos.

Si bien es cierto que es de suma importancia contar con más policías bien equipados, también es cierto que estos rubros son parte de la solución pero de ninguna manera, la solución en sí mismos.

Tercero, se ha fomentado la idea de que el fenómeno delincuencial puede evitarse si existe voluntad y disposición de las autoridades municipales, a tal grado que se hace suponer que al “blindarse” los límites con otros municipios o con entidades vecinas, en automático se evitará que la delincuencia se incremente en ese territorio.

El cuarto mito ha sentado la visión —equivocada— de que es solamente el gobierno el responsable de evitar la delincuencia y la ilegalidad. Si hay un robo a cuentahabiente, es el gobierno responsable de que haya sucedido; si asaltan un hotel, también es el gobierno, al igual que en el pleito entre vecinos que termina con lesionados o en el caso de que un hombre agreda a una mujer, deslindando de toda responsabilidad a la sociedad en sí misma.

Nuestros retos. El primer paso es considerar que esta seria problemática que enfrentamos todos los mexicanos —y que se acrecentó prácticamente al inicio del presente siglo— se vive en todo el país. Claro que no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero es muy importante tenerlo presente para asumir, todas y todos, que la lucha contra el crimen y la delincuencia debe de entenderse como un compromiso en todo el país.

El hecho es que en esta gran tarea deben converger y coordinarse las tres instancias de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Cuando uno de ellos falta, la acción se debilita y falla.

Segundo, entender que el combate a la delincuencia no puede realizarse desvinculado de la seguridad social; es decir, que mientras no exista bienestar socioeconómico, desarrollo humano y, por supuesto, mientras pervivan condiciones de pobreza entre la población, no se podrán reducir los niveles delincuenciales.

Tercero, resulta fundamental que cualquier plan de combate a la delincuencia pasa, necesariamente, por la determinación de políticos y gobernantes de despojarse de visiones partidistas y asumir la responsabilidad de que todos debemos sumarnos a esta gran cruzada apartidista por el país.

Evidentemente que estas acciones no podrán progresar si queda excluida la ciudadanía. Es menester que todas las instancias gubernamentales se coordinen para convocar a la ciudadanía a redoblar su participación a través de la denuncia, la exigencia y la responsabilidad social.

El futuro. Esta es nuestra gran tarea: sumarnos, aportar, trabajar, innovar y hacer a un lado diferencias político-partidistas con el gran objetivo de garantizar la seguridad a todas y todos los mexicanos, de todas las entidades en todos los municipios.

Alcalde de Querétaro con licencia

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