Las cuatro veces que Lula fue candidato presidencial se contaron leyendas negras sobre él, unas peores que otras. Se le caricaturizó como un radical y un extremista que iba a quitarle su propiedad a los ricos, que sería incapaz de manejar la economía, que generaría una crisis financiera y que no respetaría las instituciones democráticas (cualquier semejanza con nuestra realidad es mera coincidencia).

La realidad es que Lula gobernó bastante bien. Manejó la economía responsablemente, mantuvo un superávit fiscal superior al que se comprometió y los grandes empresarios, especialmente del sector financiero, hicieron muy buenos negocios bajo su gestión. En ningún momento Lula se apartó del libreto institucional ni de la democracia liberal. Tampoco lo hizo Dilma Rousseff, su sucesora, a partir de que tomó el poder, en 2011.

En Brasil ha sido la derecha —y no la izquierda— la que ha trastocado la legalidad democrática. Primero fue a través de un golpe legislativo en contra de Rousseff, en 2016. Ahora por medio de un golpe judicial que en los próximos meses podría retirar definitivamente de la contienda al puntero en las encuestas, si así lo decide la autoridad electoral.

Para los lectores mexicanos que no conocen las particularidades del caso, el que un presidente sea procesado por corrupción pareciera digno de celebrarse. La realidad, sin embargo, es que Lula ha sido juzgado sin pruebas —únicamente a partir de indicios—; se le comenzó a investigar por una cosa y se terminó juzgándolo por otra, y se condujo un proceso de forma sospechosamente veloz para empatarlo con la elección presidencial de este año.

A Lula no se le ha encontrado una sola cuenta en el extranjero y nunca se logró probar que fuese el propietario de un departamento presuntamente recibido a cambio de otorgar contratos. Los testimonios que así lo señalan provienen de inculpados que declararon a cambio de una reducción en su condena.

Desde el comienzo los jueces han actuado de forma parcial en un proceso viciado de origen, sin el tipo de pruebas que exige un juicio penal y violando las garantías del inculpado. Con ello se ha configurado un conjunto de prácticas jurídicas que crean un Estado de excepción propio de regímenes autoritarios, como señalé en un texto en el que analizo con más detalle el caso (https://goo.gl/V7Vu8d).

El impeachment contra Rousseff, así como el juicio contra Lula constituyen operaciones políticas de dudosa legalidad, a través de las cuales una derecha antidemocrática busca arrebatar lo que no está en condiciones de obtener a través del voto. Se trata, sin lugar a dudas, de una estrategia para sepultar a la izquierda y en particular a Lula, buscando reescribir su biografía y lo que representa como figura redentora de los más pobres.

En los últimos años hemos visto cómo el caso de Venezuela se ha utilizado para mostrar el rostro autoritario de la izquierda, e incluso para chantajear a cualquier opción política de ese corte en nuestra región. En México y otros países, donde los medios suelen poner mucha atención a la persecución de Maduro contra los presos políticos, tal vez deberían preguntarse si acaso Lula no es también un preso político. En cualquier caso, lo que hoy vemos en Brasil es que claramente ha sido la derecha la que ha decidido optar por un camino antidemocrático.

Vemos, una vez más, que existe una élite en América Latina que sólo respeta la democracia en la medida que ésta convenga a sus intereses. Hoy estamos frente a una forma más sofisticada de autoritarismo en la región, una en la que —sin necesidad de recurrir a acciones violentas como los golpes de Estado del pasado— se manosean y manipulan a su antojo las instituciones, utilizándolas de forma sesgada para apartar adversarios incómodos e imponer agendas conservadoras.