El candidato de la IP, el disruptivo y el domador de tigres

Mario Maldonado

Los empresarios dicen en público que no tienen candidato favorito, que trabajarán con quien resulte ganador el 1 de julio, pero sí lo tienen: es José Antonio Meade. Son políticamente correctos porque así lo dictan las normas

La pasarela de los candidatos a la presidencia de México con la iniciativa privada (IP) ya inició y comenzó a dibujarlos de cuerpo entero. La última semana, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador presentaron sus propuestas ante representantes de cadenas de autoservicio y departamentales (ANTAD), desarrolladores inmobiliarios (ADI) y banqueros (ABM). El ‘aplausómetro’ favoreció al candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, seguido por el del PAN-PRD-MC y al final quedó el abanderado de la alianza Morena-PT-Panal.

Los empresarios dicen en público que no tienen candidato favorito, que trabajarán con quien resulte ganador el 1 de julio, pero sí lo tienen: es José Antonio Meade. Son políticamente correctos porque así lo dictan las normas, pero en privado la mayoría asegura que el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal es quien daría mayor certeza a sus inversiones en el país. Los hombres de negocios, pese a que han sido vapuleados por la violencia, la inseguridad, la extorsión, la corrupción y la impunidad, apuestan al representante del establishment porque la política económica de los últimos 25 años los ha hecho más ricos… y a los pobres más pobres.

Según Oxfam, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es el más desigual de los que conforman la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos (OCDE). El 1% de la población mexicana posee 43% de toda la riqueza.

El discurso de Meade ante las tres cúpulas empresariales estuvo basado en el Estado de derecho, con acento en el tema de corrupción, la autonomía de los ministerios públicos, la seguridad y la mejora regulatoria para incentivar la inversión. La ejecución de políticas públicas en estos cuatro ejes derivará en un incremento de los ingresos de los mexicanos y una mejor calidad de vida, según el candidato de alianza que encabeza el PRI.

Las propuestas para combatir la corrupción tienen que ver con la ley de extinción de dominio para hacer más sencillo recuperar lo robado si el funcionario o persona en cuestión no pueden explicar el origen de su patrimonio. En segundo término, “cortar el cordón umbilical del control de la corrupción del Ejecutivo” y respetar la autonomía de los ministerios públicos; y finalmente reforzar la evaluación efectiva de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

Lo que sigue dejando un mal sabor de boca a los empresarios es que no ha fijado una postura clara contra la corrupción que ha exhibido al PRI y al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para el cual trabajó en tres secretarías de Estado. El discurso de Meade no termina de convencer en tanto no marque distancia de los escándalos que han perseguido a la administración federal actual.

Ricardo Anaya, por su parte, ha sido el candidato que más propuestas nuevas ha puesto sobre la mesa en sus distintas participaciones con empresarios, aunque a mi parecer no lo ha hecho en los foros correctos. Da la impresión de que el llamado “joven maravilla” quiere presentarse como el más disruptivo y conectar con los millennials (muchos de ellos tendrán la oportunidad de votar por primera vez), hablando de Netflix, Tesla, Silicon Valley y cómo la revolución tecnológica ha transformado todo lo que nos rodea.

El problema de Anaya es que lo planteó en un foro en el que sus anfitriones —los banqueros— querían escuchar más sobre sus propuestas para acelerar el crecimiento económico, fortalecer el Estado de derecho y ayudar a extender los servicios financieros a más mexicanos. Si bien es cierto que la tecnología es uno de los drivers de la banca y muestra de ello es la recién promulgada ley fintech, la coyuntura exigía más claridad en sus propuestas de política económica y financiera.

A los afiliados de la ANTAD les prometió disminuir las regulaciones, incentivar el comercio y dar certeza de largo plazo sobre las políticas públicas que van a regir al sector. Asimismo, como lo haría después con los desarrolladores inmobiliarios, ofreció crear un ombudsman empresarial que defienda las inversiones. Se posicionó sobre el tema de la corrupción y la seguridad. Todo esto, en medio de las acusaciones de lavado dinero que han ocupado buena parte de su agenda en las últimas semanas.

Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador, quien pese a ser el candidato puntero en las encuestas, sigue sin conectar con los empresarios principalmente por sus propuestas radicales en torno a cambiar de lugar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, revisar los contratos petroleros que se han otorgado en la actual administración y las interrogantes sobre su política económica.

AMLO les dijo a los banqueros que no va a expropiar empresas, que mantendrá la autonomía del Banco de México y dará certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras. El candidato debió saber que buena parte de sus anfitriones en la Convención Bancaria están financiando el nuevo aeropuerto y a las empresas que ganaron contratos en las rondas petroleras.

Y sobre todo debe saber que la amenaza de “soltar al tigre” del cual él es domador, y generar un estallido social si no gana las elecciones, es en realidad el mayor peligro para los empresarios, los inversionistas y la economía del país.

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