México, junto con otros 23 países de América Latina y el Caribe, adoptó el pasado 4 de marzo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú. Sin embargo, a la fecha, no se ha expresado de manera contundente para ratificar que sí se firmará el Acuerdo el próximo 27 de septiembre ante la ONU en Nueva York.

Si México firma Acuerdo de Escazú, contaría con un instrumento jurídico adicional para poder atender las innumerables problemáticas ambientales nacionales; entre las que se encuentran la deforestación, la degradación de los suelos, la contaminación del agua y el despojo de territorios a pueblos y comunidades indígenas. El Acuerdo es el primer tratado sobre derechos humanos ambientales en la región y marca un hito en el diseño de la futura gobernanza ambiental.

Profundiza en la forma en que México y los países de la región podrían garantizar los derechos de todos a un medio ambiente sano; sus derechos de acceso a la información ambiental; participar de manera efectiva en la toma de decisiones ambientales; con especial atención en las personas y grupos vulnerables.

México se ha convertido en un país riesgoso para las personas defensoras ambientales. Desde 2010, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado casi 400 agresiones a defensores ambientales. El de Escazú es el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos ambientales y garantizarles un entorno propicio para desempañar sus actividades.

Con la firma del Acuerdo de Escazú por parte del Ejecutivo y la respectiva aprobación del Senado en México, los y las ciudadanos, cuando lleguen a ser afectados por proyectos de desarrollo, podrán involucrarse en la toma de decisiones sobre su entorno ambiental y presentaracciones legales para la protección y conservación ambiental. Asimismo, existirá un eficiente registro de emisiones y transferencia de contaminantes; y las organizaciones de la sociedad civil podrán tener legitimación activa y amplia para acudir a juicio para proteger el ambiente.

Finalmente, el Acuerdo brindaría una oportunidad histórica a México para ser el líder a nivel regional en la generación un cambio estructural en las formas del desarrollo, para lograr la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales y dar solución a las problemáticas ambientales que se generan todos los días en las Américas; y, por el otro, en la prevención de los cada vez más complejos conflictos socioambientales.

Fundador y presidente del CEMDA

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