El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
Este texto toma una importancia trascendental en la actual coyuntura electoral, pues si el Poder Judicial del país decide aplicarlo al amparo de las normas y leyes electorales podría causar un efecto hasta ahora no calculado por los protagonistas de la contienda comicial federal en marcha.
Dos casos. Me refiero específicamente a dos candidatos al Senado de la República inscritos en la lista plurinominal de Morena: el secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República, Napoleón Gómez Urrutia, y la ex comandante de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García. El primero de ellos obtuvo la nacionalidad canadiense el 30 de junio de 2014, al lograr demostrar que durante los ocho años que llevaba viviendo allí mantuvo una condición migratoria estable, según reportó en ese entonces su abogado Marco Antonio del Toro. Por su parte, Salgado García migró, en 1992 (a la edad de 20 años), a Estados Unidos, país del que obtuvo la ciudadanía sin renunciar a la mexicana.
A diferencia de Gómez Urrutia —quien sigue viviendo en Canadá—, Nestora Salgado regresó a México en 2012, siendo nombrada por la comunidad de Olinalá como comandante de su recién creada Policía Comunitaria. El 21 de agosto de 2013 fue detenida y sometida a juicio por tres años. Al recuper la libertad, en 2016, volvió a Estados Unidos. En febrero de 2018 regresó a México, a Guerrero, para hacer campaña como candidata de Morena al Senado de la República. Fríamente vistos los casos a la luz del artículo 32, ninguno podría ser candidato.
La coyuntura. Sin embargo, hay bemoles que vale la pena apuntar. Resulta que Gómez Urrutia se acogió a los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, en los que se estipula la figura de Certificado de Nacionalidad Mexicana, el cual se expide a los mexicanos por nacimiento que en alguna ocasión adoptaron la doble nacionalidad y que han decidido renunciar a la segunda. De Nestora Salgado no se sabe, hasta ahora, que haya procedido en similar sentido en el afán de salvaguardar sus derechos políticos. Éste es el escenario que mañana (miércoles 6 de junio) tendrán ante sí los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes se reúnen en pleno para resolver, entre otros casos, la validez o no de la candidatura de Gómez Urrutia.
La única duda que queda en el aire es si, como establece la misma ley, el Instituto Nacional Electoral exigió la presentación del famoso Certificado de Nacionalidad Mexicana.
Efectos político-electorales. El sentido de la determinación que los magistrados adopten en su resolución sobre el caso del líder minero influirá de manera definitiva en el proceso electoral y podrá marcar la pauta sobre la resolución que se llegue a emitir en el caso de Nestora Salgado.De resolverse como inválida una o ambas postulaciones, existe amplia posibilidad de que se genere una ola de repercusión negativa hacia Morena y Andrés Manuel López Obrador.
Contrariamente, en caso de quedar firmes ambas postulaciones, se fortalecerá el proyecto de Morena, pues sus candidatos asumirán el rol de víctimas que fueron atacadas “injustamente” pero que nada se demostró en su contra. Esta condición probablemente les granjeará más simpatías y, potencialmente, más adeptos electorales. Esta semana podremos vislumbrar lo que sigue.
Periodista. @juanjosearreola
