El pasado 26 de febrero, la sociedad desbordó la cuantificación de asistencia, al reunirse en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México y en más de u centenar de ciudades del país. Esta concentración ciudadana, en contra del “plan B” con las mismas intenciones de la pretendida reforma electoral, aprobado por los propios legisladores de partido en el gobierno, se identificaron varia violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y, por supuesto, con los ciudadanos.

Los asistentes dijeron que buscaban enviar un mensaje al presidente de la República, que por cierto reside en el Palacio Nacional, frente a la principal plaza de la ciudad.

Pero también se dirigían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se espera que atienda las impugnaciones a las modificaciones al instituto electoral en los próximos meses. Muchos consideran que se trata de un momento que plantea un desafío a la Corte, que ha sido objeto de críticas por parte del Presidente.

En este momento, la Suprema Corte ya conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto respecto de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes, seguramente se presentarán otras muchas demandas, están facultados distintos órganos y los ciudadanos para que puedan hacerlo, es el mero ejercicio de los derechos y de las facultades contenidas en la Constitución.

En las próximas semanas, los señores y las señoras Ministras, tendrán la oportunidad de demostrar que los calificativos presidenciales no fundamento.

El Presidente atribuye que la concentración en el Zócalo “es una conspiración ciudadana en contra de él”. Lo cierto es que esta desconcertado, sabe que cada día pierde más adeptos y más poder, sabe que solo le quedan 18 meses de ejercicio, se va el 1 de octubre de 2024,

Su desesperación lo ha llevado a tratar de contaminar las causas de la manifestación. Ha calificado de corruptos a quienes participaron en la movilización. Dice que se trata de una marcha para defender al viejo régimen, muestra su intolerancia y egocentrismo al no reconocer que en México siempre ha existido una sociedad plural, crítica y libre. Esa miopía le traerá altos costos políticos, la inmensa mayoría de quienes han asistido a las marchas rosas son ciudadanos que muchos de ellos votaron por él en 2018.

No se da cuenta de sus propias paradojas al tratar de ignorar que la democracia mexicana se construyó con la participación del INE, el órgano que quiere mutilar. Cada vez más está en modo candidato, que en modo gobernante.

Estas manifestaciones ciudadanas, nos dicen que si hay opción de cambio, impulsar a la política con la “ciudadanización de la política”, los partidos de oposición deben dar un paso a un lado y dejar que ese liderazgo horizontal, sin rostro, elija el perfil del candidato, aún sin líder pero con varios prospectos de excelente aceptación, y poner a disposición de esas organizaciones civiles, el derecho al registro de candidatos ante el INE.

La democracia implica la división de poderes, un gobierno limitado por una Constitución y elecciones que garanticen el cambio de gobernantes cada determinado tiempo.

Libertad que no se ejerce es libertad que se pierde, con la marcha de noviembre y la concentración de febrero la ciudadanía defiende su voto, defiende su libertad, no quiere un país encadenado a ideologías totalitarias, la sociedad quiere un gobierno que respete la Constitución, pues ahí están establecidas las posibilidades para que cada uno de nosotros y nuestras familias construyamos nuestros proyectos de vida.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH