Educación mínima

Emilio Zebadúa

Una serie de programas no conforman una política pública y, menos aún, una estrategia. Y para elevar la calidad educativa en el país —bajo los estándares que exige la competencia internacional— se requiere una política amplia, integral y de largo plazo. Mientras la política educativa no sea una prioridad para el gobierno (y la sociedad) y, en cambio, siga siendo sólo una serie de medidas aisladas de política, no tendremos un sistema educativo que corresponda a las necesidades globales de México.

Dentro de los tres o cuatro temas estratégicos que deberá atender el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra la calidad educativa del país. La presión para reformar el sistema educativo proviene del mercado internacional, donde el desempeño de la educación está incluido ya como un indicador más del desarrollo y la competitividad económica de un país. Pero también es una variable de política interna desde que se organizaron, como grupos de presión e interés, sectores de la sociedad civil y empresarios.

Por ello, la educación no es una política pública que pueda seguir dejándose a la burocracia o a la inercia administrativa. La dimensión social que tiene y las complejidades presupuestales, de gestión y políticas —en el marco federalista— requieren de una atención especial. De carecer el próximo gobierno de un plan educativo modernizador, difícilmente se podrán alinear a tiempo todos los actores y programas en una estrategia viable.

Y la estrategia tiene que coordinarla necesariamente la Secretaría de Educación Pública, pero no puede reducirse a los programas que tiene asignados esta dependencia. Tiene que cruzar transversalmente varias otras oficinas de gobierno; entre ellas, las secretarías de Salud, Comunicaciones e infraestructura, así como también la comisión de promoción del deporte, entre otras. Y tiene que inscribirse en una perspectiva federalista dentro de un marco revisado de gastos, deudas y compromisos presupuestales.

Pero la estrategia no tiene que plantearse de cero. Muchos elementos han sido diseñados y planteados a lo largo de los años por varios de los actores centrales; entre ellos, el SNTE, a partir de los trabajos preparatorios de su V Congreso Nacional de Educación; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); especialistas en los principales centros de investigación y educación superior (UNAM, IPN, BUAP, Ibero); diversos organismos ciudadanos y empresariales con un compromiso social por la calidad educativa y, evidentemente, autoridades educativas, particularmente el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), organismo dentro del que sobresalen algunas secretarías estatales de educación.

Los componentes de una estrategia educativa se encuentran también ya identificados y son: la formación de maestros, la incorporación de las nuevas tecnologías en centros educativos, la evaluación del sistema educativo, la consolidación de la educación media superior, la instrumentación del Acuerdo 592 de Educación Básica y, en particular, el rediseño administrativo del sistema para ampliar las jornadas escolares hacia un modelo de “escuelas de tiempo completo”. Pero los elementos por sí solos, aun impulsados simultánea y sistemáticamente por la SEP durante los próximos seis años, no son un plan ni son una estrategia, ni tampoco van a lograr reestructurar el sistema educativo o elevar la calidad de la educación. A lo más, serán un plan “mínimo” de educación.

Se requiere, en cambio, un replanteamiento de fondo de la política educativa; no sólo la instrumentación de determinados programas o medidas que son populares en la opinión pública, recomendadas por la OCDE o exigidas por los empresarios. Falta un nuevo modelo que: 1) sustituya de manera integral al modelo vigente y 2) que articule las actividades y esfuerzos de todos los actores de la sociedad. En otras palabras, falta aún el diseño (y la instrumentación) de una política de Estado para la educación.

Presidente de la Fundación SNTE

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