Nuestra visión de los derechos humanos los considera como un ciclo y un continuo de libertades que generan calidad de vida y empoderamiento en las personas, sobre todo cuando ellas pertenecen a algunos de los grupos históricamente discriminados. Por eso es que para nosotros y nosotras, desde el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED), resulta fundamental apoyar la inclusión educativa de las personas históricamente discriminadas. Nuestra convicción es que el ciclo del empoderamiento ciudadano tiene que empezar por el empoderamiento material, por el logro de un nivel de vida material adecuado, que permita a cada uno y una de nosotras afirmar que sus vidas son plenas y con sentido. En este ciclo de empoderamiento, es evidente, la educación y la capacitación para el empleo desempeñan un papel fundamental.

Tenemos el esfuerzo de las autoridades y administradores y administradoras de los espacios educativos, su interés por allegarse de todos los recursos tecnológicos y humanos que permitan la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades, en los procesos de educación y capacitación para el empleo. Sabemos que no se trata de un reto sencillo. La inercia que ha colocado a las personas, poblaciones y colectivos histórica  y socialmente discriminados en una situación de desventaja nos hace observar, de manera equivocada, todas las modificaciones –los ajustes razonables, en el lenguaje de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– como cargas que es difícil asumir con presupuestos y recursos limitados como con los que de hecho contamos.

Quizá, el cambio cultural sea el mas difícil de lograr, porque requiere la modificación de aquellos prejuicios que están arraigados en los medios de comunicación y en nuestra educación. Pero ese cambio requiere de las modificaciones, por decirlo de alguna manera, materiales y palpables para que entendamos nuestras obligaciones respecto del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación: emplear la tecnología, los conocimientos y la disposición de profesores y profesoras, acompañantes de las aulas y familiares de ellos y ellas, para lograr que todas las personas cuenten con las herramientas para acceder a mejores oportunidades laborales y, por ende, mejor calidad de vida.

Pero también tenemos que referirnos a la valentía y empuje de la sociedad civil que acompaña los esfuerzos públicos de inclusión educativo, de manera particular a los padres y madres de niños, niñas y jóvenes en situación de discriminación, pero también a la familia extensa y los profesores y profesoras que hacen que los espacios educativos sean cada vez menos discriminatorios y mas incluyentes. Estas personas no sólo cumplen con una obligación legal, es decir, la de trabajar por la inclusión; sino que también contribuyen al cambio cultural de largo aliento, promoviendo una imagen de las identidades diversas que está libre de prejuicios y estereotipos.

No debemos engañarnos: casi todo está por hacerse en materia de inclusión educativa y de capacitación para el trabajo en el caso de las personas que experimentan la discriminación. Son las organizaciones civiles que trabajan con los colectivos discriminados quienes han asumido la titánica labor de acompañarles, de volverse activistas a favor de sus derechos y de conducir la incipiente construcción de una política de Estado en materia de inclusión educativa.

Es nuestra obligación dar continuidad a éste y otros esfuerzos, públicos o privados, civiles o académicos, que tienen por objeto el logro de la inclusión educativa. Cada niño con discapacidad que experimenta el acoso escolar, cada niña hablante de una lengua indígena que abandona el aula, cada madre de familia que no puede continuar con su capacitación para el empleo, son un potencial creativo y productivo que se pierde para el país. Y como sociedad no podemos seguir dándonos el lujo de perder las oportunidades de elevar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar.

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