18 / junio / 2021 | 01:32 hrs.

Educación, capacitación para el trabajo y no discriminación.

Lídice Rincón Gallardo

Al CECATI 175 por 50 Aniversario y por su extraordinaria labor en beneficio de las personas con discapacidad.

Nuestra visión de los derechos humanos es un ciclo y un continuo de libertades que genera calidad de vida y empoderamiento en las personas, sobre todo cuando ellas pertenecen a grupos históricamente discriminados, como ocurre con las personas con discapacidad. Porque la realidad es que no todos o todas accedemos con la misma facilidad a los mismos derechos. Precisamente, esto significa el principio de integralidad e interdependencia para la protección de los derechos humanos: que ningún derecho se puede cancelar a causa de visiones estratégicas y, también, que ninguna persona puede ser excluida de las oportunidades que le permiten desarrollarse como integrante pleno o plena de su comunidad.

Por eso es que resulta fundamental apoyar los esfuerzos a favor de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, en espacios de los que tradicionalmente han sido excluidas, como las aulas y las escuelas.

Nuestra convicción es que el ciclo del empoderamiento ciudadano tiene que empezar por el empoderamiento material, por el logro de un nivel de vida material adecuado, que permita a cada quien afirmar que cuenta con vidas plenas y con sentido. En este ciclo de empoderamiento, es evidente, la educación y la capacitación para el empleo desempeñan un papel fundamental. Quisiera decir a este respecto dos aspectos en relación con la inclusión educativa de las personas con discapacidad que considero como prioritarias.

Primero, reconocer a las autoridades y administradores y administradoras de los espacios educativos, su interés por allegarse de todos los recursos tecnológicos y humanos que permitan la inclusión de nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos de todas las edades, en los procesos de educación y capacitación para el empleo. Sabemos que no se trata de un reto sencillo.

Quizá, el cambio cultural sea el mas difícil de lograr, porque requiere la modificación de aquellos prejuicios que están arraigados en los medios de comunicación y en nuestra educación. Pero ese cambio requiere de las modificaciones, por decirlo de alguna manera, materiales y palpables para que entendamos nuestras obligaciones respecto de los derechos de las personas con discapacidad: emplear la tecnología, los conocimientos y la disposición de profesores y profesoras, acompañantes de las aulas y familiares de ellos y ellas, para lograr que cuenten con las herramientas para acceder a mejores oportunidades laborales y, por ende, mejor calidad de vida.

En segundo lugar, está la valentía y empuje de quienes acompañan a las personas con discapacidad, particularmente a los padres y madres, pero también a la familia extensa y los profesores y profesoras que hacen que los espacios educativos sean cada vez menos discriminatorios y más incluyentes. Estas personas no sólo cumplen con una obligación legal, es decir, la de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad; sino que también contribuyen al cambio cultural de largo aliento, al promover una imagen de la discapacidad libre de prejuicios y estereotipos. Evidentemente, nadie elige el heroísmo.

Más bien, el activismo a favor de la discapacidad ha tenido que desarrollarse en un espacio social de abandono de las obligaciones legales por parte del Estado y de gradual toma de conciencia social. Muchas de las estructuras familiares y afectivas donde han nacido o se han insertado las personas con discapacidad, se han tenido que convertir en auténticos ámbitos de lucha y coraje ciudadano.

No debemos engañarnos ni asumir posiciones triunfalistas. Casi todo está por hacerse en materia de inclusión educativa y de capacitación para el trabajo en el caso de las personas con discapacidad. Son los padres y madres de niños y niñas con discapacidad quienes han asumido la titánica labor de acompañarles, de volverse activistas a favor de sus derechos y de conducir la incipiente construcción de una política de Estado en materia de igualdad y no discriminación. A ellas y ellos todo mi reconocimiento.

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