En la noche de su triunfo electoral, el 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador pidió a Olga Sánchez Cordero comunicarse con todos los gobernadores del país para ofrecerles tranquilidad de que el nuevo gobierno no estaría animado por venganzas y se trabajaría en equipo con ellos.

La ministra retirada concluyó la madrugada siguiente su encomienda, propia de la futura secretaria de Gobernación, como había sido presentada seis meses antes. Luego las cosas se le comenzaron a tropezar, al grado que quizá ya eche de menos el día que se acercó al ahora presidente electo con el solo anhelo de concluir su vida pública como senadora.

Sánchez Cordero seguramente forma filas entre aquellos a los que sorprendió el anuncio del nuevo modelo de seguridad, que no reducirá sino ampliará el protagonismo de las Fuerzas Armadas, justo cuando la Ley de Seguridad Interior, orientada en el mismo sentido, fue desechada por la Corte ante múltiples recursos jurídicos y voces en contra —entre ellas la de Sánchez Cordero y la de Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación para temas de derechos humanos.

La Guardia Nacional, que agrupará a la actual Policía Federal (PF), la Policía Militar y la Policía Naval, estará encabezada por mandos militares y sumará a miembros del Ejército hasta contar con 50 mil integrantes. Ello anticipa que un porcentaje importante de los actuales 40 mil efectivos de la PF serán dados de baja o enviados a otras tareas. López Obrador dijo que la mitad de ellos hace “labores administrativas”.

Al nuevo modelo se la han añadido aspectos igualmente inquietantes, como designar al general Audomaro Martínez (Cunduacán, Tabasco, 1948), paisano de López Obrador —al que conoce al menos desde 1980. Mañana día 19 tendrá dos motivos de celebración: cumplir 70 años de edad y haber sido designado al frente de la “súper agencia” de inteligencia que aglutinará al Cisen y otras instancia de investigación, presumiblemente incluso las militares. No se conoce que el general Martínez tenga experiencia alguna en este campo, por lo que será necesario conocer a sus subalternos, en cuyas manos será depositado un gran poder.

“En política se escoge entre inconvenientes”, dijo el presidente electo al presentar su “Plan Nacional de Paz y Seguridad”. En abono a esta línea de pensamiento, hay que apuntar que el cierre de la administración Peña Nieto estará acompañado por un enorme deterioro en las instancias civiles de seguridad. Lo mismo la Policía Federal, subordinada todo el sexenio a Miguel Ángel Osorio Chong, que la Procuraduría General de la República, con un “encargado” que no podría llenar los requisitos de ley para desempeñar plenamente el puesto. O el Cisen, a cuyo frente está Alberto Bazbaz, al que se atribuye formar parte de un poderoso bloque de intereses encabezado por Humberto Castillejos, ex consejero jurídico en Los Pinos.

Quizá el principal enigma de este nuevo modelo esté personificado por Alfonso Durazo, inminente secretario de Seguridad Pública y quien se anticipa como cabeza de una pirámide que lo mismo incluirá a las secretarías de Defensa, Marina y Gobernación que a la Fiscalía General, por no mencionar la previsible subordinación de fuerzas municipales y estatales.

Durazo Montaño (Sonora, 1954) fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio desde 1989 hasta 1994, cuando éste fue asesinado. Asumió la misma función con Vicente Fox al inició de su presidencia (2000), luego fue su consejero y responsable de Comunicación, hasta que en 2004 dimitió ruidosamente ante pugnas insuperables con Martha Sahagún, la ambiciosa esposa del mandatario.

Durazo presenció el surgimiento de la figura de consejero presidencial en Seguridad, una tarea asignada a Adolfo Aguilar Zínser, y que se había perfilado desde 1998 en un libro del general Gerardo Vega García, a la postre secretario de la Defensa durante la gestión foxista.

Aguilar Zínser, inicialmente aliado de Jorge Castañeda, el poderoso canciller foxista, intentó, casi en términos idénticos, desempeñar la misma función que ahora tendrá Durazo.

Sin embargo, desde las primeras semanas, Aguilar entró en confrontación con los secretarios de Defensa y Marina, también con el de Seguridad Pública, Alejandro Gertz —que en esta ocasión será subsecretario del ramo—; con el de Gobernación, Santiago Creel; con el procurador, Rafael Macedo, y el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Corte.

La aventura duró dos años, pues en 2002 Aguilar Zínser fue separado del cargo y nombrado embajador ante la ONU. Este martes 20 se cumplirán 15 años de que renunció con un portazo al romperse en definitiva su relación con Fox.

Dos años, no obstante, pueden ser el umbral que Durazo podría soportar en una dinámica que sin duda tendrá gran desgaste. Es el plazo justo para que en 2021 se lance a buscar su sueño: ser gobernador de Sonora.