El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará mañana un informe de gobierno. Será el segundo de su mandato en la cuenta oficial y como el séptimo en la cronología alternativa de Palacio Nacional.
¿Y qué va a contener este segundo o séptimo informe? Pues no se sabe, pero, en lo referente a los temas propios de esta columna, las noticias no pueden ser muy buenas. Consideren lo siguiente:
1. A lo largo de los primeros 20 meses de gobierno, no ha habido una escalada de violencia letal. El número promedio de víctimas por mes se ha mantenido en torno a 3000, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde mediados de 2018. Esa es la buena noticia. La mala es que los homicidios no están disminuyendo y los números acumulados empiezan a ser espantosos.
2. De diciembre de 2018 a julio de 2020, se han registrado 59,684 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, según el SESNSP. Considerando que tradicionalmente esa serie ha subestimado el total reportado por el INEGI entre siete y diez por ciento, es posible que el total sexenal de víctimas hasta julio de este año se ubique entre 64 mil y 66 mil. A ese ritmo, el acumulado víctimas de homicidio en la actual administración rebasará el total del sexenio de Felipe Calderón para enero de 2022.
3. En otras categorías de delito, es posible que haya habido una disminución en la incidencia. Ese es posiblemente el caso en materia de robo de vehículo, particularmente en la modalidad sin violencia, donde ha habido una reducción de 40% en el número de carpetas de investigación ¿Las causas de esa caída? Son difíciles de determinar, pero es posible que sea una combinación de mejor tecnología (mejores alarmas, bloqueadores remotos, GPS, etc.) y mejor coordinación entre autoridades. Algo similar puede haber sucedido con el robo de combustible, aunque allí los números siguen a debate: si casi ha desaparecido el robo de combustible, ¿por qué no hay incrementos proporcionales en la venta legal de gasolina o en los inventarios?
4. En materia de construcción institucional, el legado de este gobierno se reduce a dos palabras: Guardia Nacional (GN). Y eso francamente no es mucho: como se ha discutido en otros momentos en este espacio, la GN no es otra cosa que la sucursal del Ejército en otra dependencia. No tiene más plazas, presupuesto o equipo que lo heredado de la Policía Federal. Puede ser demolida en 24 horas sin pasar por el Congreso, simplemente retirando los oficios de comisión del personal militar temporalmente adscrito a la GN. Esa no es una manera sensata de construir una institucionalidad de largo plazo.
5. La administración federal se ha caracterizado por un feroz enfoque punitivo. Al inicio del sexenio, la prisión preventiva oficiosa se limitaba a siete delitos. Esa lista se ha más que triplicado en estos 20 meses. El resultado ha sido un incremento de la población penitenciaria, por primera vez desde 2014. La ley de amnistía aprobada recientemente tiene alcances limitadísimos: hasta el mes pasado, no había un solo beneficiario concreto de esa norma.
En conclusión, no hay mucho que celebrar en materia de seguridad y justicia. Un gobierno que se dice transformador ha hecho muy poco por cambiar la realidad. Y la realidad nos ha cobrado la cuenta de esa pasividad.
