La noche del viernes 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos. Hay que nombrarlos para que quede constancia de que las y los desaparecidos ese día, y todos los días en este país, no son sólo un número. Cada uno tiene nombre y apellido. Ellos y las más de 30 mil personas que faltan tenían derecho a vivir; el Estado les negó ese derecho.

1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Peniten; 3. Adán Abrajan de la Cruz; 4. Antonio Santana Maestro; 5, Alexander Mora Venancio; 6. Benjamín Ascencio Bautista; 7. Bernardo Flores Alcaraz; 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal; 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz; 10. César Manuel González Hernández; 11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre; 12. Christian Tomas Colón Garnica; 13. Cutberto Ortiz Ramos; 14. Dorian González Parral; 15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz; 16. Everardo Rodríguez Bello; 17. Felipe Arnulfo Rosas; 18. Giovanni Galindes Guerrero; 19. Israel Caballero Sánchez; 20. Israel Jacinto Lugardo; 21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa; 22. Jhosivani Guerrero de la Cruz; 23. Jonás Trujillo González; 24. Jorge Álvarez Nava; 25. Jorge Aníbal Cruz Mendoza; 26. Jorge Antonio Tizapa Legideño; 27. Jorge Luis González Parral; 28. José Ángel Campos Cantor; 29. José Ángel Navarrete González; 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa; 31. José Luis Luna Torres; 32. Julio César López Patolzin; 33. Leonel Castro Abarca; 34. Luis Ángel Abarca Carrillo; 35. Luis Ángel Francisco Arzola; 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas; 37. Marcial Pablo Baranda; 38. Marco Antonio Gómez Molina; 39. Martín Getsemany Sánchez García; 40. Mauricio Ortega Valerio; 41. Miguel Ángel Hernández Martínez; 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías; 43. Saúl Bruno García.

Los jóvenes estudiantes se organizaron para participar en la manifestación que se realiza año con año en la Ciudad de México por la conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlaltelolco ocurrid en 1968. Salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2 camiones de la línea Estrella de Oro, los cuales fueron monitoreados por la policía federal y por elementos del 27 batallón de infantería al menos 4 horas antes del ataque.

Estando en Iguala a su periplo sumaron 2 autobuses más para salir rumbo a la Ciudad de México. En la investigación realizada por la periodista Anabel Hernández se dice que los autobuses llevaban un cargamento de heroína con un valor de 2 millones de dólares, sin que los estudiantes lo supieran.

El jefe de un cártel en Guerrero (que no es Guerreros Unidos ni Los Rojos, como en su momento informó el gobierno federal sino de un cártel con verdadero peso en ese estado) ordenó la recuperación de su cargamento. Quien recibe y ejecuta esa orden es el 27 batallón de infantería, el único con capacidad de coordinar las diferentes corporaciones, como la PGR, policía ministerial, estatal y municipal.

Cuando los policías y elementos del ejército estaban bajando de los camiones la droga, los estudiantes se dieron cuenta de lo que estaban haciendo las autoridades. En ese momento se ordena su desaparición, pues no debía haber testigos de lo sucedido.

Quienes se llevaron a los estudiantes son identificables; quienes participaron en la emboscada a los camiones, también, ¿por qué no se sabe dónde están?, ¿hasta dónde está involucrado el Ejército y los altos mandos de gobierno en este caso de evidente corrupción y violación a los derechos humanos?

Hace cuatro años el Estado los desapareció. Hace cuatro años la pesadilla comenzó, hoy seguimos exigiendo justicia: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

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