El complicado entorno que vivimos hoy a nivel mundial y nacional en materia de salud, economía y seguridad nos obligan a plantearnos como ciudadanía la siguiente pregunta: ¿dónde están las prioridades del gobierno?
Hoy por hoy, los ojos del mundo y de todos los mexicanos, están volcados en cómo afrontar una crisis sanitaria sin precedentes a causa del coronavirus COVID19. Aunado a esto, ya se vislumbra una crisis económica cuyos efectos apenas están por verse debido a la caída en los precios del petróleo y en la cotización del peso frente al dólar; así como el previsible cierre de comercios y la pérdida de empleos que afectará a las familias mexicanas.
Si bien podría decirse que los efectos del coronavirus en la salud y en la economía son aún imprevisibles, existe otra crisis en México que no parece ser una prioridad para el gobierno: la crisis de inseguridad. A pesar del clamor de millones de mexicanos para los cuales la inseguridad representa el principal problema de sus familias, el Presupuesto de Egresos de la Federación no abonará los recursos suficientes para tan apremiante tema. Se apuesta al funcionamiento inercial de unas instituciones de seguridad endebles y rebasadas por el crimen organizado. Es así que en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, y con base en el presupuesto 2019, la seguridad pública se mantiene estable en casi todos sus rubros, con pequeños ajustes (principalmente a la baja) que dan cuenta de una débil respuesta en cuanto a la magnitud del problema.
En lo que toca al tema de salud, éste tampoco es una prioridad. En vez de perfilar una estrategia sanitaria para afrontar el coronavirus se prefirió una estrategia comunicativa a cargo del subsecretario López-Gatell. A pesar de contar con instrumentos legales para afrontar la crisis, apenas el pasado jueves se convocó al Consejo de Salubridad General para establecer estrategias de contención; una decisión, sin duda, retardada. Para colmo y aún en vista de la emergencia, en su primera sesión no se tomaron decisiones y se estableció lo que parece obvio: se reconoce al COVID-19 como una enfermedad grave y se tomarán las medidas necesarias para prevenir y contener la epidemia.
Es claro que, en lo que respecta a los temas críticos de la nación, en el Gobierno Federal no existe iniciativa y sólo reacciones tardías. Tan es así que ha sido el Poder Judicial el primero en reaccionar a la inacción del gobierno. Mediante una suspensión de plano, la jueza Décimo Tercera de Distrito Administrativo de la Ciudad de México el 19 de marzo otorgó medidas cautelares que obligan a que las autoridades responsables en materia de salud implementen “las medidas y acciones sanitarias y de cuidados necesarios para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19”; y otorga un plazo de 24 horas para informar al juzgado que es lo que ha hecho al respecto. Cabe resaltar que ya antes, el 13 de marzo en el Estado de Michoacán se había dictado una medida cautelar en el mismo sentido, señalando las omisiones de las autoridades de salud para enfrentar la amenaza de propagación del virus COVID-19.
Penosamente, en términos de presupuesto, sólo hasta el último momento comienza a barajarse la posibilidad de desembolsar recursos para afrontar la crisis sanitaria, lo cual nos lleva a contestar la pregunta inicial, ¿dónde están las prioridades? Según lo observado en las últimas semanas, las prioridades del presidente siguen en el aeropuerto de Santa Lucía, en la rifa que tiene como pretexto el avión presidencial o en encomendarse a algún santo o a un “detente”.
