El proceso electoral arroja datos que permiten evaluar la manera en que lo administran las autoridades y el desempeño de las normas que rigen los comicios en México.

Es el caso del voto foráneo. Sobre éste, acaba de emerger una cifra reveladora: 181 mil personas alrededor del mundo quedaron habilitadas para votar en las elecciones presidencial y senatoriales. Se trata de un salto cuántico en el tamaño del listado nominal de electores residentes en el extranjero. Si bien entre 2006 y 2012 el padrón extraterritorial apenas creció, esta vez fue vertiginoso. El listado actual es tres veces mayor que el de la elección presidencial anterior y 4.4 veces más grande que el de 2006. Existen votantes radicados en más de 120 países del mundo.

Tres factores explican ese crecimiento. En primer término, habría que señalar la importancia de la reforma de 2014 que posibilitó la expedición de credenciales fuera del país. Cuatro de cada cinco personas solicitaron al INE su trámite con una credencial para votar foránea.

Segundo, hubo cooperación entre las autoridades electorales nacional y estatales para potenciar el alcance de la difusión. Había que promover el derecho al voto exterior y explicar los procedimientos para obtener una credencial, activarla e inscribirse en la lista nominal.

Algunas entidades federativas alcanzaron magnitudes importantes en sus listados nominales foráneos: Ciudad de México (28.6 mil), Jalisco (16.5 mil), Michoacán (14.2 mil), Guanajuato (11.5 mil) y Puebla (10.8 mil). El caso de la capital del país es interesante: ocupa el mayor número de inscritos sin ser la entidad más expulsora de migrantes.

Entre las posibles explicaciones se encuentran el alto grado de politización de los capitalinos residentes en el extranjero, la presencia institucional en ciudades con alta concentración de originarios de la Ciudad, la eficacia de la campaña #VotoChilango y que la capital ya hubiera tenido elecciones locales extraterritoriales en 2012.

En tercer término habría que destacar el gran empuje que los Consulados y las organizaciones de migrantes dieron al programa. En un momento en que la contribución de los mexicanos en el exterior fue puesta en entredicho, resulta fundamental que el país confirme el alto valor que reconoce en su diáspora y la vigencia de su membresía a la comunidad política. La toma de decisiones está completa cuando incluye a quienes viven en el extranjero.

Subsisten retos que no podemos soslayar. A corto plazo, hay que garantizar que quienes viven en el exterior cuenten con las condiciones para emitir un voto informado. Además hay que mantener la probabilidad de que efectivamente voten quienes ya están registrados.

A mediano plazo, debe evaluarse cómo recuperar la confianza de aquellos mexicanos que residen en Estados Unidos y que se sienten inseguros de inscribirse para votar por temor a que sus datos puedan ser conocidos por alguna autoridad extranjera. Existen controles de seguridad que hacen imposible la fuga de información.

El desafío a largo plazo es muy claro: hay que lograr que más ciudadanos en el extranjero se decidan a participar en los asuntos públicos de México.