Disputa de prestigios y competencias legales

Héctor Parra Rodríguez

Todo es inédito en este proceso electoral, el más grande de la historia; están en juego más de 3 mil cargos de elección popular.

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Todo es inédito en este proceso electoral, el más grande de la historia; están en juego más de 3 mil cargos de elección popular y en la cúpula de los órganos electorales hay problemas de “poder” en la interpretación de las normas electorales. El INE y el TEPJF hacen evidente esas diferencias, resultado de la sentencia que obligó a los consejeros del INE a revocar el acuerdo que negaba el registro de candidato a la Presidencia de la República a Jaime Rodríguez Calderón. Primero los consejeros se quejaron amargamente de la resolución judicial que los obligó a revocar su acuerdo, al considerar que fueron evidenciados de irresponsables y violar derechos fundamentales; luego los Magistrados de la Sala Superior, que ellos no hacen política y no litigan con base en señalamientos en medios de comunicación ni en redes sociales.

Dictada la sentencia en el juicio SUP-JDC-186/2018, llegó al INE para su cumplimiento. Sin embargo, los consejeros se dedicaron a justificar que ellos tuvieron razón de negar el registro al candidato independiente; Pamela San Martín y Marco Antonio Baños, los más críticos respecto de lo resuelto por la Sala Superior. Benito Nacif, Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, responsable del dictamen que propuso la negativa del registro, fue más prudente. Tal vez el sentimiento de culpa lo hizo ser prudente. Marco Antonio Baños, quien cobra en el INE, desde que naciera el IFE, comentando que en todo ese tiempo no hubo sentencia semejante —la que deslegitiman con sus comentarios—. Pamela insistía en justificar que ellos tuvieron la razón jurídica y no hubo violación de derechos fundamentales en agravio de Jaime Rodríguez.

Vino la reacción. Al día siguiente 5 de los magistrados de la Sala Electoral convocaron a conferencia de prensa —faltaron 2 magistrados— estando presente la presidenta Janine Otálara. No podían cargar con el desprestigio de las críticas del INE. No habló; su presencia obedeció a la representación del TEPJF. Fuera de toda práctica jurisdiccional, los responsables de la más alta esfera en impartir justicia electoral se defendieron y contraatacaron. Fuera de sentencia argumentaron parte del contenido de la misma y otra la basaron en criterios “políticos”; pretendieron justificar que esa no era práctica de los magistrados. Dijeron que “el tribunal consideró que, si se hubiesen revisado los 418 mil 494 apoyos en su totalidad, como lo pedía el aspirante y que no autorizó el INE, es evidente que hubiera podido recuperar el 1.9% de apoyos que le faltaba para llegar al umbral requerido”. “El INE tachó firmas de otros aspirantes de forma errónea, como a Marichuy, quien recuperó hasta 70% de esos apoyos inválidos”. El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo: “Queremos dejar en claro que este Tribunal no hace política, no juzga ni litiga con base en señalamientos en los medios de comunicación o en redes sociales”. Pero siguieron haciendo política: “En las verificaciones que logró hacer, nada más y nada menos que logró rescatar 8% de firmas que la autoridad le consideró inválidas y que no eran inválidas. Y todavía existían a futuro y por constatar 400 mil firmas que no estaban ni dentro de los muertos ni dentro de las fotocopias; eran las denominadas ‘inconsistencias’”. Y más aún: “el instituto debió asegurar que el aspirante contara con un comprobante; es decir, un resguardo de cada uno de sus apoyos, pero todo con un riguroso parámetro de protección de datos personales, lo que no sucedió”.

Añadiendo que “el nivel de crítica al Tribunal no es tanto por la sentencia, sino por el personaje del que se trata: creo que el hecho de que se le ponga el nombre y apellido a esta persona es lo que ha generado parte de toda esta polémica, y lo digo porque, si le quitáramos ese nombre y se tratara de cualquiera de los otros aspirantes, creo que no tendríamos este nivel de crítica en torno a la decisión”. Mónica Soto dijo que “la decisión está sustentada en atención a los más altos estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos fundamentales”. “La política en el orden electoral debe sujetarse a la ley y no la ley a la política”. “El Tribunal Electoral siempre velará porque se garantice el orden constitucional y la efectiva realización de los derechos humanos”. Ambas autoridades pisan peligrosamente el suelo de la anarquía en disputa de prestigios y competencias legales, sin importarles el descrédito a las instituciones.

 

 

 

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