Discapacidad y violencia

Lídice Rincón Gallardo

Nuestro panorama está dominado por la violencia: tenemos que aceptarlo. Todos los días, los medios de comunicación nos enfrentan con la cara más trágica de nuestro país: la de la desaparición forzada, los secuestros, los asesinatos relacionados con el crimen organizado, el miedo en las comunidades dominadas por las redes del narco, los intentos aislados y generalmente con consecuencias funestas para las y los ciudadanos que intentan defenderse por mano propia en ausencia de la protección del Estado.

Y es que, entonces, tendríamos que renombrar nuestro estado de violencia: no se trata de una tragedia, puesto que éstas son producto del destino y de la fatalidad ajena a las fuerzas humanas. Más bien, la violencia que vivimos es producto de las omisiones del Estado que han generado –en los hechos– la abdicación respecto de su tarea de procurar justicia y seguridad humana al mismo tiempo. No podemos seguir aceptando que este panorama es natural e, incluso, hasta merecido por quienes ocupan las posiciones sociales más vulnerables. El paradigma de los derechos humanos y la no discriminación, en este sentido, representa la posibilidad de erradicar la violencia, procurar justicia y cerrar la brecha de polarización social que nos enfrenta y genera víctimas de la exclusión estructural.

No obstante, no todas las formas de violencia son igualmente visibles. Pensamos que la violencia nos afecta a todas y todos por igual, y que ésta tiene que enfrentarse desde un fortalecimiento de las penas y los castigos desde el Poder Judicial. Como si los casos de violencia particulares fueran sólo eso, es decir, manifestaciones aisladas que indican el encuentro entre caracteres malévolos y víctimas inocentes. Y lo cierto es que hay un contexto social que promueve la violencia, invisibilizando a sus víctimas y la dinámica en que ellas se vuelven vulnerables frente al maltrato.

Éste es el caso de las personas con discapacidad. Tradicionalmente, a ellas se les ha negado la personalidad jurídica para tomar decisiones propias, manifestar su voluntad y –en una palabra– para expresar su voz para exigir lo que para otros es una realidad cotidiana: el ejercicio de los derechos en pie de igualdad ante la ley y la existencia de apoyos especiales para acceder a las oportunidades en relación con las cuales ha existido discriminación. El ejercicio de derechos y el acceso a oportunidades sin discriminación configuran lo que en el vocabulario de los derechos humanos se denomina la seguridad humana, es decir, la condición de poder vivir sin miedo y sin riesgos frente a la violencia material y simbólica que resulta de la falta de visibilidad como ciudadano o ciudadana con plenos derechos y protección por parte del Estado. De manera desafortunada, muchas de las personas con discapacidad están lejos de acceder a la seguridad humana y, por tanto, son víctimas de todo tipo de violencia.

Sin ser exhaustiva, me quisiera referir a alguna de las formas de violencia que ellas enfrentan. Primero, está la violencia física, la que resulta en moretones, huesos rotos o heridas de distinto calibre, y que se depositan sobre los cuerpos de las personas con discapacidad porque quienes están cerca de ellas las consideran personas de menor valor y depositarias de la violencia a cambio del cuidado que se les procura.

Y es que en este punto existe un círculo vicioso de violencia: como no existe educación ni oportunidades laborales para ellas, muchas veces tienen que depender del cuidado y la manutención de terceros, y esto crea lazos de dependencia y sumisión que muchas veces se traducen en violencia. Por eso es importante empoderar a las personas con discapacidad: para que puedan asumir plenamente su autonomía y puedan superar esas posiciones de subordinación en la familia o los espacios laborales. Pero también está la violencia simbólica, que ellas viven cuando se las nombra de maneras despectivas, groseras o, incluso, condescendientes.

A las personas con discapacidad las menospreciamos en público, hacemos chistes ofensivos sobre su condición o las infantilizamos y –con este movimiento– negamos la posibilidad de que ellas tomen decisiones por ellas mismas. Esto es también violencia, y de un tipo que está promovida por los medios de comunicación y la cultura pública. Y, finalmente, está la violencia estructural, la que genera el Estado por omisión a la hora de garantizar el pleno acceso a la justicia para las personas con discapacidad: cuando ellas son víctimas de algún delito, los sistemas judiciales no cuentan con los apoyos o la capacitación para interactuar con ellas de manera ética y eficiente. Por eso es que las personas con discapacidad son frecuentemente revictimizadas en los espacios de procuración de justicia.

Nuestra responsabilidad es visibilizar la violencia que viven las personas con discapacidad, incidir sobre su protección desde un modelo de atención psicosocial, que proteja la integridad emocional pero también sustraiga a la persona del contexto de lo violencia y luche por erradicarlo para que no vuelva a ocurrir. Es nuestra responsabilidad generar el acompañamiento en materia de procuración de justicia cuando la violencia ya ocurrido, pero también prevenir a través del empoderamiento de ellas y ellos. La violencia no ocurre a personas particulares, sino que es síntoma de la falta de salud del sistema democrático en su conjunto. Y como mexicanas y mexicanos, sabemos los costos sociales de solapar la violencia y promover la ilegalidad y la incertidumbre social.

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