Martes once de abril: en un punto de control preventivo colocado en Horacio y Anatole France son detenidos dos hombres que viajaban en un Jetta de color gris. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detectan en la cajuela un portafolios y una bolsa fluorescente.
Contienen 185 mil pesos. Eso en moneda nacional. Porque también hay dólares distribuidos en gruesos fajos: exactamente 300 mil (casi nueve millones de pesos).

Los detenidos se atoran al tratar de explicar la procedencia lícita del dinero. Optan por ofrecer dos millones de pesos a los uniformados. Uno de ellos realiza varias llamadas telefónicas.

Les resulta imposible zafarse. Se identifican como Rey Adolfo Terán Estrada y Abelardo Alvarado Alcántara. Los dos son detenidos. La procuraduría abre una carpeta de investigación. Un juez los vincula a proceso. Son trasladados al Reclusorio Oriente.
Parece que vivimos en un momento de México en el que todo lo que tocas huele mal.
Se sabe cuanto antes que Rey Adolfo Terán Estrada trabajó como chofer y escolta del ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Josué Ramos Miranda.
En 2012 lo detuvieron en Puebla con armas del calibre .380 y varios chalecos tácticos. Se identificó como empleado de una empresa de seguridad privada. Al cabo, lo dejaron ir.
No volvió a saberse de él hasta que fue detenido en Polanco.

Su jefe, Josué Ramos Miranda, se vio envuelto en un escándalo dos años más tarde. En un video subido a las redes sociales por un grupo identificado como “Anonymous” se le acusó de enriquecimiento ilícito y se le interrogó sobre su relación con un sicario del Cártel de Sinaloa, Francisco Terán Estrada, alias Panchito.

Este Panchito, de acuerdo con el video, era hermano de su escolta y chofer, Rey Rodolfo Terán.

El escándalo provocó que Josué Ramos renunciara al cargo “para no obstaculizar las investigaciones”. El grupo parlamentario del PAN reconoció que el funcionario “siempre se había conducido con institucionalidad y eficacia”.
Ramos justificó su bonanza económica alegando que “la rica era su esposa” y afirmó que todo se trataba de “fuego amigo”.
El funcionario había sido director jurídico de la delegación Iztapalapa en tiempos de Juanito. Durante el proceso electoral de 2012 fungió como secretario técnico de la Coalición Movimiento Progresista y representó a Miguel Ángel Mancera ante la Comisión Nacional Electoral.

Al triunfo de Mancera, el perredista  Manuel Granados lo propuso como Oficial Mayor de la Asamblea: tuvo a su cargo los recursos de diversas direcciones generales.
Cuando a mediados de 2015 Manuel Granados llegó a la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, Josué Ramos fue contratado, por honorarios, como asesor del perredista.
De acuerdo con Granados, Ramos Miranda dejó de colaborar con él en marzo de este año, un mes antes de que el Jetta con los nueve millones de pesos fuera detenido en Polanco.
La línea Rey Rodolfo Terán-Josué Ramos-Manuel Granados pareció, sin embargo, quedar a la vista. Perredistas, funcionarios del GDF y varios asambleístas se aprestaron a señalarla.

Granados, que ha hecho públicas sus aspiraciones de contender por la Jefatura de Gobierno, afirma que él no maneja recursos, que desde que Ramos Miranda dejó de trabajar a su lado no ha vuelto a verlo ni a sostener comunicación con él, y dice celebrar que el caso se haya “judicializado”:
“Es la mejor manera de conocer lo que hay detrás”, asegura.

Funcionarios del gobierno capitalino consultados por el columnista sostienen que el hallazgo de esos nueve millones es parte de una guerra sucia por la candidatura: una guerra que hace poco salpicó a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales —y que por lo pronto ha provocado que las cuentas de Manuel Granados hayan sido hackeadas en tres ocasiones, para sembrarlas de mensajes amenazantes.

En medio de la “tenebra” política, las verdaderas preguntas, sin embargo, se mantienen en pie.

¿Cuál era el origen de aquel dinero?

Y sobre todo, ¿quién era su destinatario?.

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