La despenalización de la mariguana con fines recreativos en Colorado y Washington, Estados Unidos, nos revela que cada vez más la mariguana es aceptada socialmente, ello en parte por los beneficios médicos de la cannabis y un cambio en el paradigma de las drogas blandas. Las transformaciones sociales y políticas en Estados Unidos están permitiendo que cada vez aparezcan más leyes en favor de la mariguana, entonces no es de extrañar lo aprobado en estos dos estados, claro es, ahora con fines recreativos. Lo curioso y contradictorio del asunto es que a nivel federal esta sustancia sigue siendo penalizada, en tanto que en varios estados se le exime de una tipificación penal.
Desde hace más de una década la mariguana es permitida con fines medicinales en 14 estados de la Unión Americana y es probable que sigan sumándose otros. Se ha demostrado que ayuda a paliar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la caquexia, epilepsia y otros trastornos caracterizados por convulsiones, dolor crónico, glaucoma, el sida, la esclerosis múltiple y otros trastornos relativos a la espasticidad muscular y náuseas.
Países como España, Alemania, Portugal, Austria y Australia son permisibles con el consumo. En el caso de Latinoamérica, Chile y Costa Rica autorizan la dosis personal. Aquí lo incoherente de la permisibilidad del consumo es la prohibición para producir y traficar con drogas que establecen estos países. Existen razones de orden económico detrás de la despenalización: “legalicemos las drogas y generemos ingresos fiscales”. Este argumento cobra mayor popularidad en momentos en que muchos países buscan nuevas fuentes de ingreso en el marco de la actual crisis económica.
Organismos internacionales como la ONU han manifestado la necesidad de despenalizar el consumo personal de la mariguana, en parte por la ineficacia de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos. Se calcula que actualmente existen 664 mil hectáreas de cultivo que dan una producción de 66 mil 100 toneladas métricas. Lo anterior no significa que se deje de tratar el consumo de droga como un tema de salud pública, al contrario: se busca promover la reducción de su uso pero no a través de la acción represiva, sino preventiva.
Hoy día es claro que el costo económico y humano de la lucha contra las drogas lo lleva México. Los 85 mil muertos en el sexenio y los costos económicos de la lucha contra el narcotráfico son cuantiosos. La pregunta sería: ¿estamos ganando la guerra al narcotráfico? La respuesta es no; por tanto, se debe convocar a un debate público sobre el tema, en parte porque la responsabilidad no es exclusiva de quienes definen el rumbo de las políticas públicas, sino también de los ciudadanos, quienes otorgan la legitimidad de la acción del Estado.
Lo que se ha hecho en Colorado y Washington no es más que el ejercicio social democrático de lo que quiere la población como parte de su libertad individual que se opone a la protección coactiva del Estado. En los Estados constitucionales de derecho los ciudadanos participan en debate de estos temas, que dejan de ser exclusividad de los gobernantes, por ello no debe llamar nuestra atención que en el país de las democracias puritanas se despenalizara el consumo de la mariguana con fines recreativos. “Cuando veas la mariguana de tu vecino despenalizar, ponte a sembrar...”
Investigador del Centro de Estudios Económicos Financieros (UAQ)
