El nuevo gobierno ha dicho que “por el bien de todos, primero los pobres”. Pero no ha dicho qué pasará con Prospera — llamado “POP”, Progresa / Oportunidades / Prospera, en un libro preparado por Coneval).

Definir qué pasará es relevante. Prospera es el principal programa social del país. Entrega transferencias en efectivo al 20% de la población más pobre. Es uno de los pocos instrumentos redistributivos. Ejerce un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos anuales.

Apoya a más de 6 millones de estudiantes con becas. Transfiere incentivos para la atención en salud de mujeres embarazadas y para 1.5 millones de niños menores de 5 años, etapa clave para su desarrollo.

Prospera ha sido un programa con alta carga polémica. Se dice que es asistencialista o neoliberal. En el fondo, se conoce poco.

El POP: 1) Selecciona objetivamente hogares beneficiarios de acuerdo con su condición socioeconómica. 2) Entrega transferencias a mujeres sin intermediación de políticos o servidores públicos. 3) Coordina interinstitucionalmente la provisión de servicios educativos y de salud. 4) Evalua científicamente con metodologías rigurosas a cargo de entidades académicas independientes.

La evaluación ha sido el factor clave de la continuidad del POP. Y lo convierte en un programa muy reconocido. Es un ejemplo mundial que se replica en alrededor de 40 países. La evidencia de las evaluaciones muestra que el POP logra al menos dos cosas —indispensables frente a la pobreza—: a) Nutrición y cuidado de la salud durante la primera infancia. b) Avance escolar de adolescentes y jóvenes para que concluyan, al menos, la media superior.

El POP requiere cambios. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de mejorarlo. E.g., integrarlo como parte de un sistema de protección e inclusión social. Convertirlo en palanca para el ejercicio efectivo del derecho a la salud y a la educación de quienes viven con más carencias y exclusión. Transformar políticas económicas para mejorar los ingresos de los más pobres y lograr inclusión económica de jóvenes, sobre todo, de zonas rurales y comunidades indígenas.

Hay que arreglar el POP, no desmantelarlo. Separar las becas del componente de salud y encauzar las transferencias, sin corresponsabilidades, a estos u otros hogares, sería un grave error. No hay sustento que justifique la separación y sí lo hay para mantener la intervención coordinada.