En estas semanas de retiro involuntario varios temas quedaron fuera de mi opinión. El triunfo del izquierdista Gabriel Boric en Chile; la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de diputados en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de posponer temporalmente la revocación de mandato (denuncia de la que desistirá más tarde); el ordenamiento del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que el INE no tiene atribuciones para aplazar dicho proceso, conminándolo a cumplir con los requisitos constitucionales y legales para continuar con el mecanismo de participación directa de la revocación de mandato; y, la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por presuntas acusaciones de “trata de personas” y “asociación delictiva”, solo por referir algunos asuntos que protagonizaron el ámbito de la opinión pública en días pasados.

Después de un mes de ausencia en este espacio, estoy de regreso. Girar la rueda, rodar las palabras para narrar la ola de inseguridad e injusticias que vivimos la ciudadanía hoy, es lo que me impulsa a retomar la escritura en este año que inicia. El sábado 27 de noviembre fui objeto de una acción que transgrede el derecho a contar con la garantía de un espacio seguro: el robo a casa-habitación.

La agria experiencia me permitió reconocer que no se trató de una situación aislada, sino de una acción delictiva que padece un amplio conjunto de la población. Según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP), el año de 2021 constituye uno de los años con mayor número de reportes de robos a casa-habitación en Querétaro, con cifras tomadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), destacando que los municipios con mayor índice delictivo son Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, Corregidora y Pedro Escobedo.

En este marco, las grandes inmobiliarias ofrecen a la población conjuntos cerrados con vigilancia respaldadas por gobiernos municipales que las avalan. Sin embargo, los condominios no cuentan con la infraestructura ofrecida por estas instancias y los condóminos terminan siendo víctimas de la delincuencia organizada. La forma en que se instrumenta el robo a casa-habitación muestra indicios de que se trata de grupos organizados que trabajan en colaboración con equipos de seguridad contratados por las propias desarrolladoras que se hacen cargo de la vigilancia en los condominios, así como de estructuras vinculadas a la supuesta seguridad pública en el Estado.

Pese a la grave situación de inseguridad en Querétaro, existe un serio problema de sub-registro de la información obtenida sobre el delito de robo a casa-habitación, debido a la desconfianza y las dificultades para denunciar. Durante este proceso se manifiestan probables manipulaciones de la información emitida por la víctima que las autoridades utilizan para dilatar los procesos de investigación o, incluso, para limitar el cauce legal de las denuncias y ocultar lo que sucede en la entidad.

El riesgo de no atender esta situación, no contar con los registros de estos delitos, implica difundir la idea de que el gobierno de Querétaro está resolviendo este problema cuando en realidad se trata de hechos no reportados o manipulados por la Fiscalía e instancias vinculadas. Estas anomalías abonan poco a la promesa que el actual gobierno del Estado ofreció a la ciudadanía de velar por su seguridad e impulsar la justicia.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM

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