Defender la universidad pública

Lídice Rincón Gallardo

Cuando pensamos en las cosas negativas que definen a nuestro México, desafortunadamente tenemos un elenco amplio de cuestiones por declarar: la corrupción, la simulación, la violencia, el miedo, nuestra sensación de desamparo frente a las violaciones a derechos humanos que hacen parecer que nuestro territorio es tierra de nadie. En contraste, cuando pensando en las cosas positivas que nos definen, la Universidad Nacional Autónoma de México espontáneamente aparece entre nuestro inventario de instituciones que nos enorgullecen.

Lo mismo ocurre con las Universidades estatales y otras instancias de educación superior con carácter público, que no sólo definen un espacio para la socialización del conocimiento, sino que también significan la creación de ámbitos para la reflexión democrática y el diálogo de la pluralidad inherente a nuestro país. Si las universidades públicas son autónomas, no es porque se sitúen al margen de la ley, sino porque eso les garantiza la independencia para crear ese espacio de crítica y discusión al margen de los poderes fácticos que requiere la construcción del conocimiento en condiciones de democracia, equidad, simetría, seguridad y libres de violencia; si las universidades públicas son autónomas, también la razón es que estas instancias pueden ejercer sus recursos, administrar su patrimonio y destinar el gasto hacia aquellos fines que fortalezcan esta tarea de construcción social del conocimiento.

Por eso es que la UNAM y otras instituciones similares nos dan tanto orgullo: en éstas coinciden la diversidad de orientaciones ideológicas, políticas, doctrinarias que nos definen, y el producto es un diálogo que puede ser muy crítico, pero que siempre tiene como resultado propuestas de solución para nuestros grandes problemas nacionales.

En estos momentos se vive, de nuevo, una efervescencia de los movimientos estudiantiles generados en las universidades públicas. Esto no es raro. Siempre las universidades se han situado en la vanguardia de la crítica y la reflexión, apropiándose de las demandas de justicia social y acompañando a las víctimas de la violencia, los abusos de autoridad o las violaciones a los derechos humanos.

Ya son referencias de la manera en que gradualmente se ha ido democratizando el espacio público, concentraciones masivas que han ocurrido en los campus universitarios, como las que han acogido al movimiento de paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los familiares de las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez o la discusión sobre el estado del campo y los cultivos transgénicos que se han acogido en espacios como la Universidad de Chapingo. Todos estos momentos tienen algo en común aunque se refieren a demandas de justicia diferenciadas: haber aprovechado el espacio plural de la universidad pública para comunicarse con la ciudadanía, al tiempo que se discutieron con amplitud de miras y seguridad los objetivos de los distintos movimientos.

Los movimientos sociales se han beneficiado de las universidades públicas, pero también éstas han aprendido a ampliar sus horizontes y estar más en contacto con la realidad social a partir de estas interacciones. Por eso es que cada que ocurre alguna controversia política o algún conflicto social, la universidad pública es sugerida por la opinión pública como espacio de negociación y de convergencia. Y tenemos que mantener esta posibilidad abierta al futuro, protegiendo la autonomía universitaria y generando condiciones para que estos encuentros y diálogos políticos sigan existiendo con tersura y productividad.

Actualmente, ha reavivado el debate sobre la autonomía de la universidad, dado que los movimientos sociales que actualmente ha acogido –como el acompañamiento a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa o el que lidera Javier Sicilia– también han generado un acompañamiento social que ha desbordado el mero interés de la comunidad universitaria. En estos casos, los campus han servido no sólo para que se encuentren las víctimas, la comunidad académica y la sociedad en general, sino para exigir a la autoridad la actuación oportuna y plena para la impartición de justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Y aquí es donde la autoridad tiene que situarse a la altura: integrarse a ese diálogo democrático, simétrico y plural que se ha promovido desde la universidad pública. No violentarlo ni acelerarlo, porque son las víctimas quienes deben marcar el ritmo, con su carga de dolor, muchas veces también de ira, y de exigencia de justicia. Las autoridades públicas no deben observar a la universidad pública como el enemigo a neutralizar, sino más bien, emplear este espacio de encuentro y reflexión para comunicarse de una mejor manera con las víctimas de las violaciones estructurales a derechos humanos. Y por su parte, las autoridades universitarias, con la Rectoría a la cabeza, deben ser conscientes de la coyuntura política en que sus instituciones se sitúan, de su responsabilidad histórica y de la manera en que deben usar su autonomía para promover un gran debate nacional acerca de nuestro pasado definitivo y nuestro futuro posible.

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