Aunque una serie de reformas y adiciones a la Constitución en los últimos 10 años han fortalecido el periodismo en el ámbito jurídico-legal, en la práctica profesional nos ha faltado exigir que se amplíen los alcances y defender la importancia del derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho de réplica.

El Estado, las audiencias y los propios periodistas hemos sido corresponsables en estas omisiones. Considero que valdría la pena reflexionar y llevar a cabo acciones para contrarrestar esta situación, sobre todo ahora que estamos a unos días de alcanzar (¿festejar?) el Centenario de la Carta Magna del país —domingo 5 de febrero—.

Con excepción de la periodista Carmen Aristegui, que logró movilizar a grupos de audiencias tanto en febrero de 2011 como en 2015 para manifestar su inconformidad en las calles por la pérdida de un espacio noticioso en la radio comercial, la mayoría de los integrantes de las diversas y heterogéneas audiencias de este país ha permitido obstáculos y limitaciones en el derecho a la información.

El Estado ha incumplido en su responsabilidad de proporcionar las condiciones para que las audiencias de este país tengan una diversidad de opciones informativas que reflejen la pluralidad ideológica y cultural que existe, así como en priorizar la investigación que muestre las contradicciones y los excesos del sistema.

Los gobiernos federal y estatales han encontrado los mecanismos para limitar este derecho, sin que las audiencias realicen acciones que los obliguen a retroceder en sus deseos.

El artículo sexto de la Constitución —que incluye los derechos de réplica, a la información, el acceso a la información pública y la libertad de expresión— ha crecido mucho en extensión de 2006 a la fecha, gracias al impulso de especialistas, académicos y a procesos legislativos que se han concretado en reformas pero sobre todo adiciones.

Sin embargo, esto no se ha traducido en los beneficios o resultados que uno esperaría. En lo que corresponde al derecho de réplica, si bien en el corpus jurídico del país ya existe una ley reglamentaria, ésta contradice la búsqueda de la réplica en los medios de comunicación porque fue una ley producto de un proceso que privilegió los intereses de los concesionarios por encima de las audiencias.

En este caso también ha faltado la exigencia y la presencia de las audiencias, y me atrevo a decir de los periodistas y gente de los medios, para exigir cambios en esa ley.

El panorama con la libertad de expresión es aún más sombrío. Si bien existen múltiples factores que impiden su consecución, quisiera señalar la falta de ética periodística al momento de publicar información como un gran obstáculo. La carencia de ética ha ensombrecido o ha impedido ver a un grupo de medios y periodistas que la libertad de expresión tiene límites.

La ética periodística ha sido y será uno de los pilares que defendemos en las aulas de la Universidad, en particular de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, para poder consolidar el derecho a la información y la libertad de expresión.

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