Defender al fiscal Santiago Nieto Castillo

Arnulfo Moya Vargas

No podemos quedarnos callados ante el asedio sobre el fiscal electoral Santiago Nieto Castillo. Nuestro coterráneo. No al silencio y no porque sea queretano, sino porque le asiste la razón y el derecho en la consignación que ha hecho de la averiguación que imputa al ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar. Santiago Nieto Castillo es un gran queretano, que desde sus inicios en San Juan del Río dio muestras de ser un demócrata de corazón. Estuvo en contra de la primera concertacesión municipal que hizo el PRI en favor del PAN. Años después, y apenas terminada su licenciatura en la UAQ, la 51 Legislatura de Querétaro le entregó un premio estatal por el concurso de ensayo sobre la democratización del país.

Siempre apegado a los libros y a los mejores juristas del país, conquistó a base de sacrificios un doctorado en Derecho por la UNAM. Su tesis sobre la argumentación electoral le valió la publicación y una referencia obligada en la interpretación de las normas electorales. Formó parte del cuerpo de asesores jurídicos del antes Consejo General Electoral del IFE, lugar en el cual hasta el ahora presidente del INE, Lorenzo Córdova, le pedía consejos legales. Creo que fue en dicha institución en donde terminó de modelar su carácter democrático y partidario de la justicia política.

El titular de la FEPADE pasó también por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en tareas de la Contaduría Mayor de Hacienda. Participó activamente en la fiscalización de las cuentas que llevaron a poner contra las cuerdas a la perredista Rosario Robles, hoy secretaria de la Sedatu, por las desviaciones de recursos con el concierto del señor Carlos Ahumada y otros perredistas.

Fue de los magistrados electorales más jóvenes que asumieron la tarea de impartir justicia política como una misión laica propia del liberalismo político. Dictó varias sentencias, entre ellas destaca la anulación de elecciones municipales en una región de Hidalgo por ataques al estado laico. Esa decisión le benefició al PRI en detrimento del PAN.

En la antesala de la integración del INE, precisamente se quedó en los finalistas que no tenían una palanca que les catapultara al cargo de consejero electoral. Precisamente los votos del PRD y del PAN le faltaron para ingresar al Consejo General del INE. No podemos decir que sea un alfil de uno o de otro partido.

Por todo lo anterior no se puede compartir la estrategia de descalificación que desde diferentes círculos se ha desatado en contra del fiscal Nieto. Acusarle de que violó la secrecía de una averiguación suena ridículo cuando fue el propio imputado y el Partido Verde quienes han violentado de forma pública y sistemática la legislación electoral, y lo han hecho a los ojos de todo el país. Se olvidan los inquisidores verdes y sus aliados que la naturaleza del proceso electoral, entre ellos los actos que el fiscal consignó, no es del orden privado por provenir de los partidos, de sus dirigentes y por involucrar recursos públicos y violaciones al voto público, por lo que oponer la esfera privada cuando se trata de un servidor público, de la relevancia de un subsecretario de Gobernación, no tiene ningún sustento.

Por otra parte, imputarle al fiscal electoral parcialidad por haber dado asesorías a una fracción parlamentaria del PRD no tiene tampoco fundamento. La Constitución es clara en que nadie puede suscribir un pacto o contrato en el cual comprometa su libertad y la naturaleza jurídica de las prestaciones de servicios profesionales. En ningún caso implican la esclavitud política o la inhabilitación para el desempeño de cargos oficiales. No vendió la conciencia.

El dramatismo en reacción es que el PRI y sus aliados en realidad son los que sí cuestionan la presunción de inocencia del ahora imputado Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, no la presunta difusión de la averiguación que le adjudican al fiscal. La preocupación de los detractores tricolores y verdes en torno a la imputación busca en realidad mermar sin éxito la credibilidad de la Fiscalía para que el juez federal niegue la emisión de la orden de aprehensión. Quieren el fuero para el líder de un partido que durante las elecciones de 2015 violó de forma sistemática la legislación electoral.

La denuncia que los senadores del PVEM presentan contra el fiscal es paradójicamente una prueba de la ilicitud con la cual se conduce su partido. Usan tiempos y recursos de la Cámara de Senadores, que deberían usar para tareas legislativas y no para acciones partidistas. Pretenden una venganza política sabiendo que la opinión pública y sobre todo la Constitución protegen la labor de la FEPADE. Pareciera que lo que buscan es contener al fiscal para que no prosiga la labor de higiene de la política nacional, y no impute por primera vez en la historia a un partido político. Lo que hacen el Verde y el PRI debería ser preocupante para el líder real de dicha coalición, Enrique Peña Nieto, quien debería intervenir para llamar a la mesura y a la prudencia a sus subordinados. Estamos sin duda del lado del fiscal.

AbogadoARNULFO MOYA
VA RGAS

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