Defender al defensor

Arnulfo Moya Vargas

Una rebelión de dos poderes en Querétaro está en marcha, la cual nos mancha de indignidad a todos. Un concierto del Poder Judicial y del Legislativo que, bajo el pretexto de acatar un juicio de amparo directo, pretende suprimir la cabeza de un órgano del Estado mexicano (se halla previsto en la Constitución Federal, artículo 102), es decir la Comisión de Derechos Humanos en Querétaro.

No solamente se quiere quitar a un joven jurista, Miguel Nava Alvarado, también instaura un auto de fe al estilo medieval de la quema de brujas para que todo mundo se entere de que la disidencia se castiga y que no se puede diferir con lealtad a la Constitución y a la conciencia desde los puestos públicos. Pero este impeachment no es el agravio a un joven inteligente, competente jurista y la una noble generación de abogados de su equipo, es a un órgano constitucional amparado no solo por el orden jurídico mexicano sino por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esto hay que recordárselo a los legisladores y magistrados amateur. El amateurismo, aunque sea ilustrado y de buena fe, ya no está de moda en los asuntos públicos.

Una rebelión de poderes que más bien parece una traición de sus deberes constitucionales y legales. Bajo el manto de una presunta ejecución de una sentencia de amparo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito omite considerar que: 1) nunca llamó plenamente a juicio a los terceros interesados Comisión Estatal de Derechos Humanos y Miguel Nava Alvarado; 2) que confunde el concepto y fines del juicio de protección de derechos fundamentales con la acción de inconstitucionalidad; 3) que viola su propia convocatoria publicada en la Gaceta Legislativa de fecha 21 de enero de 2012, al pasar por alto sus plazos procesales de preclusión, caducidad y prescripción; 4) que omite valorar los impedimentos concurrentes en los magistrados para juzgar; 5) el consentimiento tácito y expreso del reclamante —que no por ser un hombre honesto y respetable, tiene la razón al denunciar un acto que no reclamo en tiempo y forma—; 6) que no explica la “causa grave” para hacer lo que de facto es una destitución; 7) que pasa por alto el conflicto de interés existente entre el actor y la magistrada que resuelve el juicio constitucional 1/2012; 8) que incurre en exceso al pretender inaplicable; 9) una invasión de competencias entre magistrados y entre la Sala Constitucional y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia;10) que traiciona la verdad al intercambiar el significado y alcance de un “juicio de derechos fundamentales” por un “juicio de inconstitucionalidad”, figuras totalmente diversas y que dejan en indefensión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su titular Miguel Nava Alvarado; 11) que nunca respetó el derecho a la recusación que tenían los hoy afectados, Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su titular Miguel Nava Alvarado; 12) que se apartan de la ley y la Constitución porque una legislatura anterior había ya revisado el caso, saltándose el principio de cosa juzgada en materia legislativa y en materia judicial; 13) que dice reponer un procedimiento de elección cuando ya el afectado Miguel Nava ha incurrido en la causa de recusación a los primeros y no debían de intervenir en el procedimiento de nombramiento; 14) que bajo el argumento de no discriminación comienzan por discriminar al presidente de la actual Comisión.

No se entienden las razones de los señores magistrados y legisladores, cuya honestidad y probidad no se cuestionan, sino precisamente por qué siendo quienes son se colocan en la defensa de una causa legal y moralmente equivocada.

Ortega y Gasset, decía que había rebelión cuando había una revolución frustrada, y en el presente caso los legisladores y magistrados omiten considerar que de reponer el procedimiento darían lugar a una controversia constitucional que legítimamente puede interponer el organismo protector de los derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al margen de las responsabilidades oficiales en que incurren y los juicios políticos que pueden derivar ante la Cámara de Diputados en el ámbito federal.

Seguramente los responsables de esta confusión también ignoran que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en su momento la propia Corte, les puede exigir responsabilidades, y lo que es más grave, involucrar al propio Presidente de la República.

Queda el recurso de la política a cargo de nuestro gobernador que seguramente no dejará que se cometa una arbitrariedad en nuestro estado. Se hace necesario que el Poder Ejecutivo estatal ejerza sus poderes de prudencia y persuasión para que los magistrados y legisladores puedan dejar el espíritu faccioso y de partido, se respete la legalidad y la constitucionalidad de un órgano que se ha ganado a pulso una credibilidad creciente en las circunstancias más difíciles y adversas de la turbulencia que el país vive.

 

Abogado

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