El Pleno del Senado de la República aprobó la semana pasada, en lo general y particular, las leyes y reformas que buscan reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Los principales cambios contemplados están relacionados con el endurecimiento de acciones dirigidas al combate a la corrupción y la configuración de un nuevo servicio de carrera profesional. En el marco de la aprobación de la nueva Ley Orgánica, con 106 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención se desató una fuerte polémica al anunciar la adición de un nuevo artículo transitorio, cuyo contenido no había sido incluido en el dictamen inicial, referido a la ampliación de dos años del mandato del presidente del poder judicial, Arturo Zaldívar.

La respuesta de la mayoría de la oposición y los críticos del actual gobierno no se hizo esperar. Tras la decisión del Senado de extender la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se manifestó en contra la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial y solicitó a la Cámara de Diputados corregir la ampliación otorgada por el Senado. Por su parte, académicos y expertos en derecho constitucional declararon lo problemático de prolongar el mandato de Zaldívar hasta 2024, por la transgresión que esto significa para la autonomía del poder judicial.

Sin negar lo controvertido de esta decisión legal, sería necesario volver al punto que originó la propuesta de ley del ejecutivo federal para modificar al poder judicial: enfrentar el grave problema de la corrupción que ataca a la estructura de este órgano de gobierno, cuya práctica cimbra las bases del Estado de derecho en su conjunto.

Defender la independencia del poder judicial y la autonomía de cada juzgador en lo individual, constituyen principios básicos para la salvaguarda de la división de poderes. Sin embargo, este atributo clave es vulnerado cuando los juzgadores claudican en su función de control ante los poderes públicos y privilegian injustificadamente –o ilegalmente–, determinados intereses sobre otros bienes jurídicos fundamentales o decantan su decisión beneficiando a una parte sobre otra en un litigio ordinario, corrompiendo y erosionando el proyecto social de la comunidad estatal.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece nuevas reglas para indagar y sancionar hechos de corrupción en los que se encuentren involucrados funcionarios del poder judicial con particulares o empresas. Contempla también el fortalecimiento de la carrera judicial como mecanismo de profesionalización que limite la discrecionalidad en nombramientos. La reforma aprobada por el Senado apunta a recuperar la certeza jurídica y la seguridad de que existen agentes públicos con la misión inquebrantable de aplicar lo que las leyes dictan, protegiendo la autonomía de decisión frente a los intereses de los otros poderes estatales y los poderes privados.