Por muchas razones, considero que el paradigma de la visión de la responsabilidad que el Estado mexicano asume en relación con las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, está dado por el caso de la Guardería ABC. Aquel 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, 25 niñas y 24 niños murieron en el incendio de una guardería de administración particular, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para prestar el derecho social de cuidado a los hijos e hijas de padres y madres trabajadoras. La guardería no tenía salidas de emergencia, tenía condiciones deficientes para garantizar la seguridad de los niños y niñas, y ningún funcionario del IMSS se preocupó por verificar que el derecho se prestara con calidad y seguridad. Más importante, cuando aquellos padres y madres se iban a trabajar, pensando que sus niños y niñas se encontraban cuidados en instalaciones óptimas. No sólo esto no sucedió, sino que cuando sobrevino el incendio, para las y los pequeños sobrevivientes, la atención médica no fue todo lo eficiente e inmediata que se habría necesitado. Si, por ejemplo, se hubiera permitido y facilitado que algunos de los niños viajaran a Estados Unidos para recibir atención médica especializada, probablemente algunos de ellos y ellas estarían vivos o con menores secuelas. Incluso, el tratamiento que la autoridad dio a los padres y madres de los niños y niñas que murieron ha sido totalmente indecente y plagado de irregularidades que han conducido a procesos de revictimización.
¿Qué fue lo que ocurrió aquel 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC? Ocurrió que la tragedia se depositó en una población de por sí vulnerada: en los hijos e hijas de madres y padres trabajadores que no contaban con los recursos para pagar servicios de calidad. Ocurrió que, de nuevo, nuestro gobierno nos mostró que quien no puede pagar por espacios seguros y de calidad para sus hijos e hijas, tiene que conformarse con los servicios deficientes que tienen el carácter de ser públicos. Ocurrió que no se respetó el dolor de las y los padres, y que se les obligó a buscar justicia hasta desgastarse y perderse en un mar de trámites burocráticos, que son la cara más dura del proceso de buscar justicia en este país. Ocurrió que sus gritos de dolor no fueron escuchados, que sus peticiones de justicia fueron archivadas y desestimadas, que las reparaciones del daño llegaron tarde y a cuentagotas. En una palabra, ocurrió lo que siempre sucede con las víctimas y la búsqueda de justicia en este país: que esta última nunca llega y que ellas tienen que procesar el dolor con los recursos que brinda la familia y el círculo cercano, porque el apoyo estatal y la protección de sus derechos brillan por su ausencia.
El pasado 21 de agosto, el Juez Tercero de Distrito en el estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Ricardo Ruiz, negó las órdenes de aprehensión solicitadas por el Agente del Ministerio Público Federal en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC. Estoy convencida de que esas mujeres no tienen toda la responsabilidad por lo ocurrido en aquel espacio de cuidado infantil, pero también, hasta la fecha, no hay ninguna persona sentenciada y encarcelada por su responsabilidad en los hechos. Entonces, cabría preguntar: ¿nadie es responsable de la muerte de estos niños y niñas? ¿Nadie otorgó la concesión a los particulares en condiciones de inseguridad? ¿Nadie dio un trato inhumano a los padres y madres de esos niños y niñas muertas y lastimadas? ¿Nadie va a ser procesado por un hecho que destrozó la vida y el futuro de familias enteras? Creo que no exagero al decir que si estas preguntas permanecen sin responder, no sólo cuestionaremos la legitimidad del Estado constitucional de derecho en el que vivimos, sino que también nos avergonzaremos como sociedad de no habernos solidarizado con la causa de la Guardería ABC para exigir justicia ya, sin dilación y con conciencia de que esas víctimas jamás volverán a recuperar a los hijos e hijas que fueron muertos o quedaron con daños psicológicos y secuelas físicas permanentes.
