A pesar de los discursos en los que el Presidente López Obrador se compromete a asumir su con las mujeres y niñas de México  sus palabras quedan muy lejos de sus acciones.

Por ejemplo, el decreto por el que se aprueba el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024 fue publicado a más de 37 meses de iniciado su gobierno. Lo mismo ocurrió con el Proigualdad 2020-2024, que se publicó con dos años de retraso. En el inter, la administración federal implementó diversas acciones meta-normativas, mismas que no cuentan con indicadores confiables ni metas a mediano ni a largo plazo. Falta transparencia, dirían algunos.

Más recientemente, el 31 de diciembre de un plumazo quedó formalizada la desaparición del Instituto del Desarrollo Social (INDESOL), sin que a la fecha se sepa que ocurrirá con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Este último destinaba una importante cantidad de su presupuesto al financiamiento de los refugios estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia extrema, sus hijos e hijas, responsabilidad que por decreto pasó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

En una entrevista reciente, la Comisionada Nacional, Fabiola Alanís, afirmó que para que la CONAVIM pueda atender estas nuevas obligaciones “seguramente habrá un incremento de presupuesto para su operación”. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos para 2022, en lugar de recibir más dinero, la CONAVIM sufrió un recorte, lo mismo que el PAIMEF (que ha experimentado más recortes en la administración lopezobradorista que en ninguna otra).

La lucha feminista ha sido el motor principal para la creación de leyes, instituciones y programas sociales especializados para cerrar las brechas de desigualdad y discriminación que afectan a las mujeres y niñas de México y que se ven reflejadas de manera más extrema en la violencia feminicida que asola a nuestro país. Sin embargo la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, lejos de escuchar y atender los reclamos del movimiento feminista mediante el fortalecimiento institucional, ha decidido entablar una lucha de voluntades en contra de las mujeres de México, principalmente de aquellas que se han organizado para hacer valer una agenda progresista de derechos. El presidente incluso ha declarado que los reclamos feministas son “...un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa”.

El 2022 anuncia nuevos retrocesos en la garantía de los derechos de las mujeres de México como resultado de la postura política asumida por el titular del gobierno federal. El panorama no es nada alentador, por el contrario, vamos de mal en peor.

Titular de Aliadas Incidencia 
Estratégica e integrante de la Red Nacional de Alertistas. 
Twitter: @mcruzocampo 
FB: maricruz.ocampo

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