Paradójicamente, en el marco del 102 aniversario del inicio de la Revolución mexicana, se hizo la mayor afrenta a los trabajadores, en particular a las garantías planteadas en el artículo 123 de la Constitución, donde a mansalva se aniquilaron los derechos de los trabajadores. El texto del artículo 123 señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno” que, reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, señala que “El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quién lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”. Estos textos eran una defensa contra los abusos patronales y la reforma laboral aprobada pone al trabajador a los pies y fauces del patrón, ya que se eliminaron del texto las garantías del trabajo “digno”, las “condiciones de seguridad” y la demanda de “nivel económico decoroso”.
Ahora, el establecimiento de los contratos por horas, de capacitación inicial y la regulación de la subcontratación o outsourcing, son, bajo la nueva ley, las herramientas de abaratamiento y desvalorización del trabajo. Se legitima lo que es inconstitucional, como lo son los contratos a terceros, en los que se eliminan los derechos de los trabajadores, dando el tiro de gracia a la jornada de ocho horas, que al menos ofrecía el salario mínimo. Y si el salario mínimo en la República mexicana es prácticamente simbólico, ahora se pulveriza al no contar con garantías, ni derechos.
Con la reforma, el Estado mexicano deja de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, haciendo de éste una mercancía a disposición del patrón. La empresa ahora no es sólo el centro de referencia del sistema económico, sino que en este contexto se convierte en el lugar de producción de las reglas sobre las relaciones de trabajo. Gracias a la nueva ley se elude toda responsabilidad social.
Un adelanto de las nuevas relaciones laborales aprobadas por el Congreso nos la dio el video que fue transmitido por televisión y que llegó a las redes sociales, donde en la empresa surcoreana Sam Won en Querétaro, el supervisor Kim Jaeoak, con una patada de arte marcial hapkido, indica al trabajador mexicano su lugar en la empresa. Además de ser agredido brutalmente por el coreano, días después fue despedido. Con gran sorpresa el titular estatal del “Trabajo” encontró que a los trabajadores no se pagaban las horas extra, no se les daban los días de descanso estipulados por la ley, no se otorgaba antigüedad, en suma se violaban las condiciones generales de trabajo. Y pensar que en Querétaro hay 38 empresas de origen surcoreano que emplean a unos 12 mil trabajadores.
Es un hecho, los trabajadores mexicanos en Querétaro y el país son víctima de violencia laboral en cualquiera de sus manifestaciones, y en gran número de casos no denuncian a sus patrones por temor a perder su precaria fuente de ingresos.
Pero gracias a una camarilla de diputados y senadores que aprobaron la iniciativa laboral preferente de Calderón-Peña, los trabajadores mexicanos sufrirán los embates empresariales, no sólo con patadas voladoras o katas, sino que se enfrentarán al ataque directo del outsourcing.
Consejero Electoral en Querétaro del Instituto Federal Electoral
