En México no legalizamos el consumo de drogas porque es el gran negocio del crimen organizado y los gobiernos.

Cualquier otra argumentación para justificar el “modelo mexicano” es absolutamente hipócrita. Aquí la clandestinidad genera unos 30 mil millones de dólares cada año —600 mil millones de pesos— que se reparten a manos llenas mandos federales, gobernadores, policías, presidentes municipales, legisladores y los capos de carteles que operan en la mayor parte del territorio nacional. Aunque el costo es brutal: una cuota anual de sangre que rebasa los 25 mil muertos y desaparecidos. Y que ha hecho de la violencia y la inseguridad parte del paisaje en ciudades y pueblos de todo el país.

Además, el esquema actual se basa en un criterio absurdo y acomodaticio de nuestros gobernantes:

—“Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud”. ¿Y qué ocurre con las “drogas legales”? ¿Alguien ha visto lo que le pasa a una moneda luego de un tiempo en un refresco de cola? ¿Acaso no saben que el tabaco tiene más de tres mil sustancias tóxicas y no por eso deja de venderse en cada esquina? ¿De verdad ignoran que el alcohol es la causa máxima de accidentes, violencia intrafamiliar y trastornos mentales?

—“La legalización aumentaría el consumo”. Tampoco es cierto. No ha ocurrido en los países en que se ha despenalizado. Yo no conozco a nadie que deje de ir a trabajar para ir a embriagarse porque se topó con un espectacular anuncio de tequila con una bella modelo como sinónimo de éxito en la escala social. Lo grave y a la vez ridículo y muy sospechoso es que —sobre todo en los diez años recientes— nos hemos hecho de la vista gorda con los avances que países europeos, Uruguay en América Latina y en Estados Unidos han tenido en la materia. Porque mientras nosotros contamos muertos ellos cuentan las ganancias que les produce el comercio lícito de la marihuana, que está siendo un gran negocio en el marco de la ley.

En México es todo lo contrario. La clandestinidad dispara los precios y provoca una disputa feroz y a balazos por los mercados entre bandas criminales. Con el añadido de hacer de varios de nuestros grandes centros turísticos destinos de alto riesgo para los visitantes extranjeros.

Por eso ha llamado la atención la propuesta reciente del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de que “cuando menos en las zonas turísticas del país deberíamos de legalizar el uso de la marihuana… nos haría un enorme daño perder destinos como Baja California Sur y Quintana Roo por temas de combate al narcotráfico”. Esto, en clara alusión a que 2017 ha sido el año más violento en esos y otros muchos estados.

De la Madrid sabe de eso, porque en su gestión México ha ascendido del décimo al sexto lugar en turistas recibidos. Su sector representa ya casi 9% del PIB nacional y genera 10 millones de empleos.

Pero más allá de los beneficios económicos, la prohibición es un enorme cáncer social que nos hemos negado a extirpar por conveniencias tan criminales como corruptas y sobre todo hipócritas. Por ello, urge un debate nacional sobre la despenalización total y que los candidatos a la Presidencia no le saquen y se pronuncien sobre el tema.

El problema no es qué hacer con los criminales. El problema es qué hacer con los consumidores.

Google News