Hace unos días escuché que el presidente López Obrador podría modificar el tono de su discurso cotidiano, en aras de apaciguar los ánimos polarizados del país y buscar una tregua de reconciliación. Que ese podría ser el hilo conductor de su primer informe de gobierno: el llamado a la unidad en lo fundamental —parafraseando a Mariano Otero— para enfrentar con mayor respaldo los graves desafíos de violencia, desigualdad y corrupción que siguen minando al Estado mexicano.
Sería buena cosa disipar la bruma construida a golpe de descalificaciones, amenazas veladas e insultos repartidos a granel por el jefe del Estado mexicano cada mañana (reproducido por sus partidarios fieles) para buscar, en cambio, el mayor apoyo posible a las principales líneas de acción que se ha trazado y que cada día, inevitablemente, enfrentarán obstáculos más grandes. Desandar el ánimo belicoso y vengativo, más propio de los energúmenos que de los estadistas, ayudaría mucho a pavimentar el siguiente tramo del larguísimo trecho que le falta a este sexenio.
Le haría bien, pues las palabras irán perdiendo fuerza ante los hechos. Por ejemplo, abierta la Caja de Pandora de la guerra contra los corruptos principales del pasado, el gobierno mexicano ya no podría detenerse sin pagar un costo popular altísimo. Se abrirá una lista interminable que, como el propio presidente ha dicho, tendría que incluir al expresidente Peña Nieto y de ahí en adelante (o mejor dicho, de ahí para atrás), al resto de los expresidentes y de los personajes políticos más representativos del periodo que se quiere borrar para siempre de la historia. Una vez elegido el camino fácil y aplaudido del castigo a los peces gordos del pasado, ya no hay retorno: véanse los casos de Perú, Brasil o Guatemala, entre un largo etcétera, donde la corrupción persiste, con muchos corruptos en la cárcel.
Algo similar puede decirse de la lucha por la paz. Para frenar la violencia desatada en casi todo el territorio del país, el presidente optó por la Guardia Nacional. Es decir, decidió formalizar la militarización de las policías y enfrentar con el Ejército a los criminales. Su argumento fue que, gracias a esa decisión gravísima, México se pacificaría y muy pronto volveríamos a vivir sin miedo. En este tema tampoco hay marcha atrás: o se ofrecen resultados indiscutibles en un plazo razonablemente breve o el Estado mexicano tendría que desdecirse y declararse derrotado.
Finalmente —y sólo por listar los asuntos principales—, para combatir la desigualdad y la pobreza, el presidente prefirió el reparto directo de dinero público a los grupos que él mismo eligió, sin más intermediarios que los así llamados Siervos de la Nación, en vez de garantizar derechos a través de instituciones renovadas y emprender una política fiscal distributiva. Y de nuevo, esa decisión le obliga a demostrar, lo más pronto posible, que le asiste la razón: que esa forma de concebir la redistribución de la riqueza es la correcta y que el dinero que reciben de su mano millones de personas no sólo reactivará la economía sino que les salvará de la miseria.
¿Cabe suponer que ante esas decisiones, cuyos resultados ya no podrían seguirse explicando por los despropósitos pasados, se verá obligado a modificar el tono de sus declaraciones para convocar a la unidad en lo fundamental?
Yo no lo creo. Veo por el contrario que se avecina una polarización mucho mayor, por dos razones: porque las políticas que ha puesto en marcha el presidente no eliminarán esos problemas en el corto plazo (la corrupción, la violencia y la pobreza); y porque hasta hoy, negarse a hacer alguna concesión le ha llevado a todas sus victorias. Por eso difiero de quienes aseguran que el presidente cambiará sus estrategias o sus tonos a partir del 1 de septiembre. Si algo ha de ocurrir, acaso, es que doblará la apuesta.
Investigador del CIDE
