El espectáculo de la política para ganar adeptos no tiene límites, fractura cualquier principio ético y de respeto por la dignidad de los seres humanos. Hoy, proteger los derechos de los infantes se convirtió en moneda de cambio para quienes su único propósito es ampliar el número de seguidores para continuar en su carrera electoral hacia 2024.

Lo ocurrido en días pasados con la “adopción por un fin de semana” de un menor, extraído bajo la figura de “convivencia familiar”, por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, resulta inenarrable por su inhumanidad.

Durante el fin de semana que tuvieron al menor en su poder, la pareja que gobierna Nuevo León difundió fotografías con el niño en sus redes sociales. Una de las historias en las que Samuel García sostenía al bebé, a quien vistieron con el uniforme del equipo de futbol de la entidad que incluía publicidad de marcas deportivas, iba acompañada de la leyenda “mis tigres”. Otra de las historias publicadas por Mariana Rodríguez declaraba: “Gracias Samuel por seguirme en mis locuras… por tu paciencia y tu amor y sobre todo gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir y hacer vivir a otros”.

Dos cuestiones resultan alarmantes en este marco de autoritarismo e impunidad. No solo estamos frente a una situación que contraviene la ley de adopción en México. La extracción de un menor bajo la figura de “adopción temporal”, es una forma legal inexistente: “la legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales”. El hecho también indica un posible acto de explotación comercial. Por lo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solicitó a la Fiscalía General de la República “iniciar una investigación de oficio, por posible trata con fines de explotación comercial, porque ellos (Samuel García y Mariana Rodríguez) tienen sus redes monetizadas”, acto que presuntamente redundaría en la obtención de dinero.

Vulnerar la aplicación de protocolos que debe realizar una institución pública que tiene a su cargo la custodia de niños en adopción, con el fin de que un gobernante acompañe las “locuras” de su esposa, pasando por encima de los derechos de un menor, alerta sobre prácticas de prevaricación realizadas por funcionarios públicos que autorizan permisos arbitrarios a sabiendas de su injusticia.

El acto perpetrado por Mariana Rodríguez y Samuel García, no es una cuestión menor. Revela un modo de deshumanización que inicia con la aniquilación de la persona jurídica. Dejar sin protección de la ley al menor, mediante una extracción ilegal del centro responsable de su cuidado, es el primer momento. El segundo, se da cuando el niño es “cosificado” en las redes sociales y convertido en mercancía para obtener ganancias económicas y políticas.

El montaje mediático realizado por estos dos personajes muestra que no existe límite al poder para deshumanizar a las personas con tal de lograr sus propósitos.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale