Mucho se han discutido las razones de la política de linchamiento en contra de las y los diputados que votaron contra la propuesta del presidente López Obrador para reformar la constitución en materia energética. La respuesta debe tomar en cuenta diversos elementos.

El primero se trata de una reforma de carácter constitucional lo que implica que para su aprobación deben votar a favor una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de la mayoría de los congresos de las 32 entidades federativas. ¿Por qué establece esos requisitos la Constitución? Desde 1857 y, de manera más evidente, en 1917 el constituyente consideró que se trata de un ordenamiento lo suficientemente importante como para requerir de un consenso político muy amplio cuando se trata de reformar o derogar alguno de sus componentes. En teoría constitucional se puede sostener que nuestra Carta Magna es dura por el nivel de mayoría que requiere para su modificación.

Entonces ¿por qué ha habido tantas reformas constitucionales? La respuesta tiene dos vertientes. Primero porque durante décadas el PRI era hegemónico y, producto de ello, alcanzaba los dos tercios en ambas cámaras y la mayoría de la totalidad de los congresos locales. Con esa conformación legislativa era imposible que una propuesta de reforma constitucional presentada por un presidente fuera rechazada.

Luego vino la época de los gobiernos divididos (a partir de 1997) y de los gobiernos de alternancia, cuando el partido del presidente tenía —en el mejor de los casos— la primera minoría en la Cámara de Diputados y, posiblemente, una mayoría simple en el Senado. En esa época —de 2000 a 2018— los presidentes enviaban iniciativas de reforma constitucional sólo cuando tenían la certeza de que alcanzarían la mayoría requerida. Por lo regular, los partidos negociaban antes de la presentación de la iniciativa y, si estaban de acuerdo, ésta era acompañada por sus legisladores federales y locales.

Durante este sexenio el partido del presidente y sus aliados han logrado la aprobación de varias reformas constitucionales. ¿Cómo fue que esas reformas resultaron exitosas? Pues, como siempre, a partir de la negociación entre los grupos parlamentarios y de la argumentación pública respecto de los beneficios que esas reformas podían traer para la vida económica, social y política del país. Entonces ¿qué falló ahora?

En primer lugar, que los partidos opositores decidieron coaligarse para competir en las elecciones de 2021 y de esa manera lograron evitar que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, la obcecación del presidente de la República de llevar a como diera lugar el proceso de revocación de mandato y, finalmente, el hecho de que estén en curso 6 elecciones locales, en las cuales, las oposiciones intentarán detener el avance electoral de Morena. Es la primera vez en la historia que una iniciativa de reforma constitucional presentada por un presidente es derrotada en la primera instancia; no pasó al Senado en donde también sería revocada y no alcanzó a llegar a los congresos locales.

El prejuicio es claro, Morena, al igual que su máximo dirigente, no sabe perder. En lugar de aceptar su derrota ha iniciado una campaña de odio impensable en cualquier democracia en estos tiempos.