Cuentas pendientes

Norberto Alvarado Alegría

En todo gobierno democrático, una de las principales características es que los servidores públicos están sujetos al control popular y son, por consiguiente, sujetos de responsabilidad por sus actos y omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión.

En materia financiera, el origen y aplicación de los recursos públicos comparten mecanismos de control. Estos mecanismos están asignados a autoridades con cada día mayor, aunque todavía deficitaria, autonomía técnica y política. Los mecanismos de control más comunes son: (a) los a priori, como los presupuestos y los candados de inclusión de pisos y techos financieros etiquetados para materias específicas, y que son producto del debate y la negociación parlamentaria (al menos a nivel federal); y (b) los mecanismos a posteriori, principalmente la fiscalización que adopta diversas formas en diferentes partes del mundo como: el control de legalidad a través de los órganos legislativos, la rendición de cuentas, la fiscalización, la acción de controvertir la distribución del gasto a través de un Tribunal de Cuentas como en Francia, y la posibilidad de “intervenir” la administración de los municipios en insolvencia financiera como sucede en Austria.

Si bien en México, en los tres niveles de gobierno existe la obligación de rendir la “cuenta pública” ante el Poder Legislativo, para que éste, a través de los órganos con autonomía técnica verifiquen la legalidad del ejercicio presupuestal, este control no resulta lo suficientemente eficiente, ya que aplica las sanciones posteriores a las desviaciones o las ilegalidades que encuentra, y no permite la corrección al momento del ejercicio presupuestal.

Así lo demuestra el informe de revisión de la cuenta pública 2011 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados federal. El informe que presenta los números del quinto año del gobierno de Felipe Calderón, contiene cifras que, como señaló el titular de la ASF, demuestran que en México las políticas públicas de combate a la corrupción han fallado y que no se avanzó durante los gobiernos panistas en este tema a pesar de haber sido una bandera que, en la doble moral que los caracteriza, izaron como oposición, pero que sepultaron como gobierno.

Llaman la atención las irregularidades por 339 millones de pesos en la construcción de la Estela de Luz; los 3.8 millones de pesos en falsas adquisiciones de seguridad que no tuvieron lugar en la Sedena; el doble pago por 6 millones de pesos a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que ya habían sido dados de baja; el incremento irregular de 496 millones de pesos en la construcción del Parque Bicentenario; y la corrupción en los permisos otorgados para operar casinos, entre otros, del que dio cuenta “El Universal” en su edición nacional del jueves pasado. A nivel estatal y municipal, las cifras también son alarmantes y corroboran lo que ya desde hace mucho tiempo sabemos: el crecimiento desmedido de la deuda pública, que llevó a que solo 13 entidades país hayan concentrado 70% de la deuda pública.

En Querétaro, los ciudadanos seguimos esperando el reporte de los daños causados con motivo de las irregularidades que se registraron durante los 15 años de gobiernos panistas en el municipio. Ya desde el ayuntamiento anterior se integró una comisión investigadora a instancias de quienes eran entonces regidores de oposición y hoy ocupan cargos en el gobierno municipal y en el Congreso local.

Estamos seguros que con la vocación democrática y el compromiso de transparencia del presidente municipal Roberto Loyola Vera, pronto tendremos un informe de los daños causados a los queretanos, y aunque tarde, se podrán conocer a los responsables de las irregularidades, que es a lo que minimo minimorum, tiene derecho la sociedad en todo estado que se presta de ser social, democrático y constitucional.

Abogado y ex regidor

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