No se puede generalizar reformas en materia de Derecho, cuando solo se quiere modificar la materia procesal penal. El presidente López Obrador insiste en la necesidad de una “reforma judicial”, pero expresa su particular interés en la agilización de los procesos penales.

Él quiere que se detenga a los presuntos delincuentes con la simple carpeta de investigación y no se les deje salir en libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció la necesidad de que, el Estado Mexicano se subordine al Estado de Derecho y abrogue la prisión preventiva oficiosa, así como el arraigo, en razón a los abusos que se cometen con dichas figuras jurídicas en nuestro país. El Secretario de Gobernación manifestó que es un despropósito lo resuelto por la Corte Interamericana, ignorando que México está obligado a respetar los acuerdos internacionales, los cuales tienen la misma jerarquía de la Constitución ¿Ignorancia o mala fe?

El Presidente, sin embargo, hace uso frecuente de ambas figuras. Se molesta por la “lentitud de los procesos”, incluso cuando se deja en libertad a los presuntos delincuentes, inocentes si no demuestra el Fiscal General, la responsabilidad penal. Según su parecer, ello implica “corrupción de autoridades judiciales en materia federal”. El presidente desconoce de plazos, términos judiciales y derechos en favor de los inculpados previstos en los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución. No le importa la presunción de inocencia.

En la semana que concluyó, volvió a insistir en la necesidad de una “reforma judicial”; el doctor Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, fue el destinatario de la demanda política. Monreal dio puntual respuesta al presidente López Obrador. No está de acuerdo con el simplista y abusivo criterio del titular del Poder ejecutivo. Deben acompasarse el Derecho y la justicia. Sin Derecho no hay justicia y el Derecho debe prevalecer en la impartición de la justicia. Mancuerna indisoluble.

A lo anterior se acompaña la habilidad, experiencia y conocimiento de los abogados en cualquier defensa jurídica. Algo que también incomoda al promotor de la iniciativa que no ha impulsado en 4 años de gobierno. Muchas de las “consignaciones” en contra de presuntos delincuentes literalmente son vencidas, desechadas por falta de pruebas, por deficiencias jurídicas de las fiscalías. Irrita sobremanera al Presidente esta situación. Por ello, sin conocimientos jurídicos en la materia, critica constantemente a los jurisconsultos jueces y juezas.