El miércoles de la semana pasada se desbordó el vaso: un importante número de miembros de la Policía Federal decidieron levantar la voz en contra de lo que ellos consideran una violación reiterada de sus derechos laborales por parte del gobierno federal.

Sin entrar a valorar si los alegatos de los policías inconformes están sustentados en hechos ni juzgar si el paro fue orquestado por algún personaje ajeno a la corporación policíaca —hechos, ambos, que en todo caso deben ser analizados por un órgano jurisdiccional—, lo que es evidente es que lo que está pasando con la Policía Federal incrementa, en muchos niveles, la crisis más fuerte que enfrenta nuestro país: la crisis de seguridad.

El que uno de los pilares esenciales de la política de seguridad pública de México se encuentre al borde del abismo, es un hecho que por sí mismo nos debería de preocupar, y mucho. Si a esto le sumamos que estamos viviendo el inicio de sexenio más sangriento de la historia reciente de nuestro país, la preocupación debería dar paso a la alarma.

El argumento del gobierno federal, de que se procede de esta forma porque la Policía Federal “se echó a perder”, es una generalización hecha a la medida de sus intereses y, como toda generalización, es una falta a la verdad.

En los puestos de servicio público que he tenido el honor de desempeñar a lo largo de mi carrera —especialmente el de alcalde de Querétaro—, he colaborado, en muchas ocasiones, con miembros de la Policía Federal: en la gran mayoría de los casos me he encontrado con un cuerpo de seguridad profesional y altamente preparado, que integra hombres y mujeres valientes y honrados que arriesgan su vida por la seguridad, por el bienestar de sus conciudadanos, por nuestras familias.

Afirmar que todos los Policías Federales son corruptos –sin probarlo y sin condena judicial alguna que respalde el dicho– es insultar a decenas de miles de policías federales que todos los días salen de sus casas sin saber si volverán, es mostrar una profunda ingratitud con los hombres y mujeres que han perdido la vida cumpliendo con su deber, es menospreciar la inteligencia de los mexicanos quienes en incontables ocasiones hemos constatado, con nuestra propia experiencia, que como hay policías federales corruptos y incompetentes, son más, muchos más, los buenos policías federales, los que nos han tendido una mano salvadora cuando más la hemos necesitado.

Esto no lo merece la Policía Federal, una institución que con todos sus defectos –que los tiene–, ha perseverado en su objetivo, ha patrullado algunos de los puntos más violentos del planeta, ha capturado a algunos de los delincuentes más crueles que ha tenido México y, por este difícil trabajo, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.

Y esto no lo merecemos los mexicanos, quienes observamos con inquietud la puesta en práctica de una política de seguridad errática y autoritaria, que en lugar de tomar lo bueno y terminar con lo malo, se ha dedicado a borrar de un plumazo todo lo que con tanto esfuerzo, con tantas vidas y con tantos recursos nos ha costado construir.

Como si fuera poca la violencia que golpea a nuestro país, el gobierno federal ha abierto un frente con la Policía Federal que puede derivar en la desbandada de personal con información confidencial, puede desarticular innumerables operaciones estratégicas, puede dejar sin protección a millones de mexicanos  y, por todo ello, puede crear una crisis de seguridad aún más severa de la que ya vivimos.

En lugar de caminar hacia un país más seguro, tal parece que se están dando las condiciones para ahondar la ya profundísima herida por la cual se desangra México.

Diputado federal por Querétaro

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