La credibilidad vale más en el periodismo, a largo plazo, que tener la “exclusiva” para entrevistar a servidores públicos, difundir videos de presuntos sobornos o ser uno de los medios y periodistas que encabezan pagos vía publicidad oficial. Deberíamos tener más en cuenta esto, sobre todo ahora que vivimos una etapa de confrontación, defensa, deslindes, “maromas” y falta de equilibrio en información sobre “videoescándalos”. También aplica en la cobertura informativa sobre la pandemia (en la que economistas y articulistas en medios se sienten epidemiólogos).

Procuraré describir porqué algunos medios y periodistas han evidenciado falta de rigor: “ponen el grito en el cielo” antes de averiguar, no llaman a las cosas por su nombre y dan “maromas” aun con evidencia científica en su contra.

De acuerdo con “Fundar. Centro de Análisis e Investigación”, el gobierno de Enrique Peña Nieto ejerció 36 mil 259 millones de pesos en “servicios de comunicación social y publicidad” en sus primeros 4 años del sexenio (2013-2016), vía los gastos de las partidas gubernamentales 36101, 36201 y 33605. En cada año, el monto del presupuesto ejercido superó al monto aprobado y publicado en documento oficial.

La revista Contralínea publicó un reportaje en el que cuatro compañías relacionadas con Joaquín López Dóriga, más otros tres periodistas que facturaron como personas físicas, recibieron más de 290 millones de recursos públicos en contratos durante el sexenio de Peña Nieto. Durante el periodo 2012-2018, también antes cuando hicieron montajes televisivos a favor de un exsecretario de seguridad pública —hoy preso en EU—, un grupo de comunicadores y periodistas disfrutó de millones de pesos del erario, no habló o minimizó en sus espacios tragedias como la “guerra” contra el narco o la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa.

A partir de 2019, este grupo, que hoy continúa bajando su credibilidad, pretende erigirse como defensor de la libertad de expresión. Editorialmente han evidenciado un periodismo “chatarra”: procesado en el rumor, las fuentes anónimas, la falta de contexto, las correlaciones falsas y los fetiches sobre el uso del cubrebocas o lo que vaya contra sus intereses económicos. Han minimizado o negado el daño que han causado y provocan las comorbilidades, los refrescos, las bebidas azucaradas y comida ultraprocesada.

Qué importa un artículo científico publicado por el International Journal of Obesity, en diciembre de 2019, donde demuestra que el consumo de refrescos sea la causa de 40 mil muertes al año en México, o que la diabetes sea la razón por la que 100 mil personas mueren al año, o médicos que atienden pacientes Covid-19, como el dr. Juan Escalona (internista del Hospital General de Querétaro), adviertan que solo sobreviven el 10% de pacientes con sobrepeso u obesidad. O un artículo reciente publicado en The Lancet demuestre que 31.4% de los muertos en Inglaterra por Covid-19 eran pacientes con diabetes tipo 2.

Para moneros con apellidos de expresidentes y articulistas o “periodistas”, todo eso no importa y hacen “maromas” con tal de negar la importancia de cambios legislativos para prohibir la venta de comida “chatarra” a menores de edad. Como periodista, estoy de acuerdo con el tuit: “No ofendan al gremio periodístico llamándole a Loret “periodista” ”, que publicó el dr. Carlos Alonso, médico y especialista en salud pública que diariamente publica análisis e hilos sobre la pandemia por Covid-19 en Jalisco y a nivel nacional.

P.D. El gasto de publicidad oficial con el gobierno de López Obrador y el pago a televisoras se aborda en próximo artículo.