La pandemia de Covid-19 es una amenaza sin nacionalidad, religión, estrato socioeconómico, discurso o ideología política. No discrimina a nadie y hace a todos vulnerables frente a la adversidad.
La OMS reportaba el día de ayer que, en el mundo, había 1,064,532 personas infectadas y 56,659 fallecidos[1]. En primer lugar la pandemia es una contingencia sanitaria, pero tiene consecuencias económicas, sociales, y políticas que dejan descubiertas las debilidades institucionales del Estado Mexicano configurando una situación de grave riesgo, una crisis de seguridad nacional.
La Covid-19 es una crisis de salud agravada por la fragilidad del INSABI y el desabasto de medicamentos; es crisis económica porque hay una reducción de la actividad productiva exponenciada por la falta de certeza en la inversión y por el nulo crecimiento de la economía mexicana. Además, hay un abismo entre lo que el Ejecutivo quiere y el sector empresarial pide. El diálogo entre partes se ha fragmentado.
Es crisis de seguridad porque a pesar de la disminución de la actividad, marzo fue el mes más violento del que se ha tenido registro y las instituciones de seguridad no han sido capaces de hacer frente al aumento en la incidencia delictiva. En particular porque la Guardia Nacional no se ha articulado adecuadamente, están en todas partes y en ninguna.
Esta situación revela la debilidad institucional y la necesidad de cambios profundos que han quedado pendientes en las estructuras políticas, sociales y económicas y que permitirían asegurar sociedades democráticas, prosperas, seguras, justas y libres.
La noción tradicional de que seguridad significa policías, soldados y marinos es acotada e insuficiente. Debemos contemplar en este concepto elementos humanos y de infraestructura en distintos sectores como son salud, educación, vías de comunicación y sociedad civil. Así mismo, si existiera certeza y confianza, las inversiones tanto nacionales como extranjeras ayudarían a mitigar los impactos económicos, pero no hay confianza.
Frente a todo esto es clara la necesidad del surgimiento de un liderazgo institucional, unificador, que aglutine esfuerzos y los conduzca a vías de acción y soluciones. Empero, la labor presidencial frente a esta crisis ha sido insuficiente. En lugar de ver al Jefe de Estado promover el respeto a la ley y a las instituciones, se le ve realizar consultas ciudadanas ilegales, violar las recomendaciones de su gabinete, al tiempo que saluda a la madre de uno de los narcotraficantes más peligroso y letales del país. Acción que manda un mensaje ambiguo a las víctimas del narcotráfico, y a los policías y soldados caídos en el cumplimiento del deber.
Dado el curso de la actual administración y de su partido, tristemente podemos anticipar que busque acelerar jugadas de agandalle político con vistas electorales. Ejemplo de ello fue la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permite, con absoluta discrecionalidad, que el presidente elija por decreto el destino de los “ahorros” de la Administración Pública Federal, afectando de esta forma la división de poderes.
Por ello, el presidente y su gabinete ante la situación deben resistir la tentación de concentrar el poder.
Sin duda veremos cómo se modifica la relación del Estado con sus gobernados, nuevas formas de ser y hacer, de comprender el papel del ser humano y su relación con el medio ambiente, los procesos productivos y la sociedad. Después de todo esto la vida será distinta, esperemos seamos capaces de que sea mejor, más justa y libre, donde realmente prevalezca el Estado de Derecho.
