Corrupción y poder judicial

Norberto Alvarado Alegría

Los juzgados y tribunales constituyen un elemento institucional necesario de todo orden jurídico moderno; la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas y la ausencia de todo tipo de interferencias en el momento de ejercer la potestad jurisdiccional ha sido asumida como una de las piedras angulares de un Estado democrático y de derecho.

Un poder judicial independiente y honorable es indispensable para afrontar los retos de la descomposición social por la que atraviesa nuestro país; sin duda la cada día más mermada legitimidad de la ley se percibe en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde aquél vecino que ignora las ordenanzas municipales para mantener limpio su colonia o vecindario, hasta la incultura del crimen organizado que ha hecho presa de grandes regiones del país, pasando por temas igual de delicados y graves de los que todos hemos sido víctimas y tal vez hasta victimarios, o al menos responsables.

En este contexto de la crisis nacional de inseguridad y debilitamiento del estado de derecho, se inscribe la crisis del Poder Judicial, a nivel federal y sin duda en los estados con mayor acentuación, y en las que jueces, magistrados y ministros han sido objeto de escándalos que tienen como ingrediente común la corrupción al interior de los órganos jurisdiccionales, y de los que muchos mexicanos en su experiencia con la actividad jurisdiccional, han sido víctimas, desde la desatención hasta el abuso de poder y el tráfico de influencias.

Llama la atención que al interior del poder judicial federal, que había sido una de las instituciones que más avances de profesionalización habían registrado, tanto por los funcionarios como por los académicos de la materia, hoy sea el centro de atención por los múltiples casos de corrupción que se han destapado. En las entidades federativas los casos de corrupción son mayores, más visibles pero también menos expuestos y castigados.

Sería iluso pensar que la corrupción que actualmente ha invadido al Estado mexicano y en particular a los poderes judiciales federal y estatales, se pueda perseguir y erradicar bajo las obsoletas herramientas con las que hoy contamos; por el contrario, muchas de esos instrumentos jurídicos que en otrora fueron pensados para proteger la independencia del actuar jurisdiccional, como la inamovilidad judicial —que tanto daño hace a los poderes judiciales pero sobre todo a los justiciables—, se han convertido en armas de doble filo de las que muchos hombres y mujeres de la judicatura, han abusado en un ejercicio desviado, para vender al mejor postor —llámese casinero, narcotraficante o político corrupto—, sentencias y resoluciones que indignan a la sociedad.

La corrupción judicial se alimenta de la opacidad, del distanciamiento del juez con la sociedad, de la complejidad jurídica que hemos construido con muchas y malas leyes. La corrupción judicial, no solamente se manifiesta en las sentencias compradas o en las resoluciones incongruentes que beneficias irregularmente a alguna de las partes; la corrupción judicial está presente en el maltrato que los justiciables sufren cada vez que son desatendidos por el aparato judicial, en el que por cierto, la gran mayoría de los justiciables intentan ver la última luz de esperanza.

La corrupción judicial está también, en la actitud de jueces y magistrados que tuercen la ley para cobrar bonos millonarios, para nombrar a amigos y parientes como funcionarios judiciales, para mantenerse de manera vitalicia en el empleo, o bien para alegar que se vulneran sus derechos y aferrarse al cargo cuando se busca renovar las estructuras judiciales.

Abogado litigante, consultor jurídico de empresas.

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