El 27 de mayo de 2015, según la auditoría forense DI7002, dos funcionarios de Radio y Televisión Hidalguense —el subdirector jurídico y el subdirector de Contenido—, fueron enviados a reunirse con la directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. En las oficinas de esa directora firmaron contratos por más de 600 millones de pesos, que involucraba la contratación de servicios de 27 proveedores.

Entonces sucedió algo completamente irregular. En cuanto los contratos quedaron firmados, la directora entregó a los visitantes dos cajas que contenían —¡ya terminados!—, los trabajos que los 27 proveedores supuestamente iban a realizar.

La Auditoría Superior de la Federación, ASF, determinó más tarde que todo aquello fue parte de una contratación fantasma, usada “para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos”. De esa manera se triangularon más de 600 millones de pesos desde Sedesol, en el tiempo en que Rosario Robles Berlanga era titular de la dependencia.

Según la auditoría forense, Sedesol contaba ya “con los trabajos a que aludían los convenios”. Por lo tanto, RTH no llevó a cabo actividad alguna. Todo se trató de una “simulación” que sirvió para transferir 601 millones 658 mil pesos. Ninguno de los proveedores que se vieron beneficiados con recursos públicos federales, afirma la ASF, realizó el trabajo al que lo comprometían los contratos. El dinero fue destinado a “fines distintos para los que fue autorizado”.

Desde inicios de 2015, Sedesol y RTH habían firmado un convenio general de colaboración, así como tres convenios específicos. RTH se comprometió, entre otras cosas, a desarrollar la estrategia de comunicación de la Secretaría, a hacer evaluaciones de hábitos de consumo de medios y a aplicar sondeos de opinión para medir el impacto de los programas sociales llevados a cabo por la dependencia.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue violada desde el primer instante, pues exige a las entidades contratadas la capacidad de “entregar el bien o prestar el servicio” por el que fueron requeridas. Por una parte, RTH no tenía la capacidad “técnica, material ni humana” para dar respuesta a aquellos convenios; por otra, la contratación de los supuestos proveedores era totalmente irregular. Por tanto, ninguno de ellos se sujetaba a las disposiciones establecidas por Ley de Adquisiciones.

Los funcionarios de RTH que asistieron a las reuniones le confesaron a la ASF que no conocían ni tuvieron contacto con las empresas que “contrataron”: la directora de área de Sedesol les enviaba correos electrónicos con “información relativa a los nombres de los proveedores que RTH debía contratar para supuestamente prestar los servicios, el monto que les debía pagar y la documentación legal de cada uno, con el fin de que se elaboraran los contratos respectivos”.

Los documentos de la ASF indican que el desvío de recursos operado desde Sedesol en tiempos de Robles es inobjetable.

No solo eso: la Auditoría asegura que durante cinco años consecutivos “ha determinado el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente en la Cuenta Pública”. Un modus operandi basado en la firma de contratos fantasma que permiten la dispersión, con fines desconocidos, de recursos públicos.

Para la ASF, en México existe una práctica recurrente: simular contratos, muchas veces con universidades, en los que se “adquieren”, a través de empresas subcontratadas, muchas de ellas irregulares o inexistentes, “consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial”.

En los contratos asignados bajo este esquema, sostiene la Auditoría, prevalece “la simulación de operaciones”, “el desvío (hacia) empresas que facturan una presunta prestación de bienes y servicios” y que en realidad amparan “operaciones inexistentes”. Operaciones que no están destinadas más a que dispersar recursos públicos.

Ese esquema fraudulento “se amplió en años recientes a la contratación de entes estatales en áreas de comunicación social, las cuales generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar a las empresas y personas físicas designadas”.

La Auditoría concluye que presuntamente se trata de un esquema diseñado para exprimir recursos. El mismo que pusieron en marcha, entre otros, los gobernadores priístas de Veracruz y Chihuahua. El mismo que parece haber sido empleado “reiteradamente”, según la revisión de la Cuenta Pública efectuada por la Auditoría en los años que van de 2012 a 2016.

Rosario Robles está obligada a aclarar la presunta contratación de servicios simulados en la Secretaría que estuvo a su cargo.