Todavía no se terminan de digerir los resultados de los pasados comicios electorales, y ya tenemos de nueva cuenta una elección programada para el 1 de agosto de este mismo año. Me refiero a la consulta popular, la cual ya está en proceso de organización por parte del Instituto Nacional Electoral. Atrás ha quedado el debate sobre su pertinencia, relevancia, constitucionalidad e incluso sobre la redacción misma de la pregunta, la cual como es sabido, fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, el ejercicio es interesante, ya que por primera vez en la historia de este país los ciudadanos tendremos la posibilidad de acudir a las urnas para expresar la opinión en torno a un tema que continua a debate, quizás por ello, resulta conveniente citar la discutida y cuestionada pregunta que veremos en el formulario: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” antes de dar cualquier opinión sobre sí o no, detengamos a pensar la pregunta.

¿Las acciones pertinentes se refieren a un proceso penal? ¿el grueso de la ciudadanía, incluido el presente columnista, tienen conocimiento pleno del marco constitucional y legal como para tomarlo de referencia en esta pregunta? ¿el esclarecimiento de las decisiones políticas es limitativo a cuestiones electorales y de relación entre poderes o también se incluyen decisiones como el uso de las facultades en materia de seguridad, desarrollo social, economía entre otras? ¿los años pasados tienen alguna fecha límite? ¿quiénes son los actores políticos? ¿expresidentes, exlegisladores, extitulares de órganos constitucionales autónomos, líderes sindicales, empresarios, grupos armados? Ya no entremos en el terreno de la justicia y las víctimas.

Bueno, pese a todo lo descrito con anterioridad: ¿vale la pena salir a emitir nuestra opinión en las mesas receptoras de consulta popular que se instalarán a lo largo y ancho del país? Yo creo que sí, pues además de ser un hecho inédito, es una obligación cívica participar en las elecciones y mecanismos de democracia directa, este puede ser el inicio para virar el rumbo en el ejercicio del poder político en favor de la ciudadanía. Esta consulta la propuso el presidente, pero la ley faculta como sujetos también a los ciudadanos organizados. Habrá que ver los resultados finales, basta con que participe al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores para hacer vinculante su resultado. Al tiempo.

Twitter: carlosfcps  / FB: Carlos Velázquez

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