Consulta ¿para qué? | Querétaro

Consulta ¿para qué?

Marcela Ávila-Eggleton

La iniciativa es un absoluto despropósito. No es jurídicamente vinculante.

La convocatoria al “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública” que dio a conocer, a solicitud del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es más que una simple cortina de humo. Esta no-consulta (ya que la ley prohíbe consultas sobre seguridad nacional) que será llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación el 22 de enero de 2023 resulta cuando menos inquietante a cualquier persona que recuerde las prácticas del otrora partido hegemónico.

La iniciativa es un absoluto despropósito. Por un lado, no es jurídicamente vinculante y, por otro, no corresponde al Ejecutivo sino al Legislativo. ¿Cuál es el sentido entonces? Como ya es habitual, desviar la atención e intentar legitimar una decisión que, hasta el momento, no ha podido sacar adelante el presidente aún a pesar del apoyo de un amplio sector del PRI y uno que otro tránsfuga de otros partidos.

A nadie debe sorprender que, como muestran diversas encuestas (la más reciente publicada el lunes por Gabinete de Comunicación Estratégica), la propuesta de extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad tenga el apoyo de poco más de la mitad de las y los encuestados. En el contexto de violencia que se vive en gran parte del país, sin policías municipales y estatales capacitadas y equipadas, y, sobre todo, sin una estrategia de seguridad, la única alternativa que vislumbran millones de personas para mantener la seguridad —y la vida— es, justamente, la presencia del Ejército.

Sin embargo, la propuesta de la no-consulta pone de manifiesto las aristas más autoritarias del régimen. Por un lado, el uso de un mecanismo sin legitimidad democrática alguna y, por otro, una herramienta que busca suplantar la democracia representativa.

La participación democrática implica un ejercicio autónomo por parte de la ciudadanía, no la movilización del electorado por parte de otros actores. Más aún, como señala Sartori, la autenticidad y la eficacia de la participación es inversamente proporcional al número de participantes, de tal suerte que conforme se incrementa el denominador —en este caso, la lista nominal— disminuye el peso de la participación individual. Si a pesar de los esfuerzos —y recursos— para la movilización en la consulta de revocación de mandato se alcanzó una participación de 17.7% ¿qué participación podríamos esperar en este ejercicio a modo? ¿Qué legitimidad tiene?

Uno de los elementos centrales del voto en un contexto democrático es que el sufragio de todas las personas tiene la misma influencia. Sin embargo, los mecanismos de democracia refrendaria —como este— son un juego suma cero donde quien gana se lleva todo y quien pierde, lo pierde todo. En un ejercicio donde participa y decide una minoría y donde —a diferencia de la democracia representativa— no hay espacio para la deliberación y la negociación, el principio mayoritario violenta el respeto a las minorías.

El desprecio por la ley, los mecanismos de democracia refrendaria a modo y la participación de las fuerzas armadas en tareas ajenas a su función son ingredientes esenciales de un sistema que repudia la disidencia y caldo de cultivo de regímenes cada vez más frecuentes en América Latina. 

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