Constitución y desarrollo urbano

03/02/2015
03:00
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Este 5 de febrero se cumple el 98° aniversario de la Constitución Política Mexicana y con ello se abre, una vez más, el debate sobre la necesidad de contar con una nueva constitución o continuar con el texto actual, que en nada se parece al de 1917 debido a las reformas constitucionales que ha sufrido, a tal grado que algunas de las cláusulas han desaparecido para ceder paso a temas como la reelección inmediata o la inversión privada en materia energética.

La nuestra, fue una de las primeras constituciones que se orientó al acceso de una vivienda digna, al reconocer el derecho de los pueblos indígenas y comunidades rurales a ser dotados de tierras y agua, y que obligó a los patrones a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Luego le siguieron la constitución brasileña de 1988 y la colombiana de 1991, que en América Latina fueron las primeras en otorgar a los derechos urbanos y a la gestión democrática del espacio público un papel destacado. Este desarrollo normativo e institucional coincide también con la aparición de jurisprudencia en materia de vivienda y que han venido a relativizar la idea del derecho a ésta como justiciable.

El espacio público democrático es expresivo, significante, accesible, evolutivo; es un espacio que relaciona a las personas y que ordena la convivencia social, que marca a la vez el perfil de los barrios o zonas urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad. Este espacio es el que hoy está en crisis, su decadencia pone en cuestión la posibilidad de ejercer el “derecho a la ciudad”. Las dinámicas dominantes en las ciudades del mundo desarrollado tienden a debilitar y privatizar los espacios públicos. Esta crisis es resultado de las actuales pautas de urbanización: excluyentes y privatizadoras que producen espacios fragmentados, lugares mudos, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación. El espacio público prácticamente desaparece, los ciudadanos quedan reducidos a habitantes atomizados y a clientes dependientes de servicios con tendencia a privatizarse, como la seguridad, los mercados, los panteones y hasta los parques, jardines y vialidades.

Los espacios públicos pierden sus cualidades ciudadanas para convertirse en vialidades que fomentan el uso de automóviles privados en áreas turísticas, de ocio y museificadas; centros administrativos vacíos, en calles o barrios cerrados y en plazas vigiladas en las que se suprimen o se crean obstáculos físicos para evitar la concentración de personas. Las calles comerciales se sustituyen progresivamente por centros comerciales en los que se aplica “el derecho de admisión”. Y los centros y barrios que no se transforman siguiendo estas pautas, devienen espacios de exclusión olvidados y a veces criminalizados o en sentido contrario, se gentrifican y excluyen a los sectores populares. Sin duda, esta es una de las explicaciones del aumento en la violencia dentro de nuestras sociedades, aunado al aumento exponencial de la pobreza, la falta de educación y servicios de salud de calidad, y la nula oferta de empleos bien remunerados, que se vuelven un caldo de cultivo para atraer a los jóvenes y a los pobres y prácticamente a todos los sectores de la sociedad, a la comisión de actos que van desde la simple desobediencia de la ley, la corrupción y el crimen.

En las últimas décadas el desarrollo urbano, ha aumentado la segregación social y la separación física. Nunca como ahora las zonas urbanas han expresado la desigualdad y la exclusión de los estratos de población de menos recursos, a los cuales se califica de “extraños” y que se les separa por su diferencia y por su potencial de peligrosidad; es la criminalización de los colectivos sociales a los que se quiere negar su existencia y que desaparezcan de la vista de los ciudadanos homogeneizados o serán penalizados. Esto violenta los principios de igualdad, dignidad y autonomía de las personas, ya que desmoraliza a todos aquellos que carecen de capacidades o que en su diversidad no se ajustan a un parámetro de proyecto de vida. Por ello, el replanteamiento de la Constitución Mexicana, más que de instituciones políticas, debe partir de la concepción del objeto del Estado como satisfactor de las necesidades de la mayoría de los mexicanos y recomposición del tejido social.

Abogado y profesor de la Facultad de Derecho UAQ

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